José Manuel Arreola Macías, ex representante legal de la desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis que administraba el ingenio azucarero, finalmente se sentó en el banquillo de los acusados para responder penalmente a la denuncia de fraude genérico que interpuso la Fiscalía General de Justicia del Estado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, Luis Nicanor Barajas Peregrina.

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Tras cinco horas de alegato, y dos recesos, entre la defensa del acusado con los fiscales, Arreola Macías se reservó el derecho a declarar y sus abogados solicitaron la duplicidad del término para presentar alegatos y desvirtuar la acusación penal que comenzó con la querella de Francisco Javier Paredes Alvarado, propietario de la empresa Procesadora de Productos y Alimentos S.A. (Coppasa) por el quebranto de 6 millones de pesos al haber comprado 15 mil toneladas métricas de azúcar que no le surtieron, además de un volumen de combustóleo y biomasa que tampoco le entregaron.

El juez dictó la medida cautelar de prohibirle que abandonara la ciudad en tanto concluye la audiencia inicial del expediente 407/2018, en la que se resolverá la vinculación a proceso del acusado.

El tribuno negó a la fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa porque Arreola Macías gozaba de un amparo otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito de Culiacán. Sin embargo, la fiscal había pedido la cercanía de un grupo de elementos de la Policía Ministerial del Estado para apresar al exdirectivo de la Compañía Azucarera de Los Mochis en caso de que se otorgara la prisión preventiva.

La audiencia inicial concluirá esta semana, si la defensa del acusado no interpone recursos legales.

De acuerdo con la información ventilada en la audiencia inicial, el expediente 407/2018 consta de 5 mil fojas colocadas en dos cajas de cartón de archivo.

Los hechos denunciados dan cuenta de varias operaciones de compra-venta de azúcar realizadas a partir del 14 de marzo del 2014 por Francisco Javier Paredes Alvarado, propietario de la empresa Coppasa, con José Manuel Arreola Macías, exrepresentante legal de la desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis, el administrador Álvaro Molina Cabal y los propietarios Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de le Vega Valladolid.

Paredes Alvarado dijo que en las negociaciones depositó a la empresa Protección Privada de México el monto pedido por los empresarios mochitenses porque estos le aseguraron que las cuentas bancarias de la Compañía Azucarera de Los Mochis estaban intervenidas debido a los conflictos laborales y mercantiles con otras empresas.

Incluso, sostuvo que para tratar de recuperar un embarque de azúcar que los obreros sindicalizados retenían ilegalmente en una bodega, pagó más de 2 millones de pesos al sindicato.

Dijo que se percató de la estafa de que era objeto cuando en un recorrido por la factoría, los empleados le comentaron que todo era un ardid de los empresarios locales porque el campo ni la caña producirían la sacarosa necesaria para producir el volumen de azúcar que él ya había pagado.

Al reclamar el hecho, los socios, el asesor jurídico y el administrador le dijeron que le devolverían el dinero cuando concretaran un crédito en dólares, pero para concluirlo requerían pagar poco más de 650 mil dólares, a cambio de ese préstamo hipotecarían a su favor en primer lugar y grado el lote 17 que tenía un valor de avalúo de 93.5 millones, sin tener gravamen mayor, excepto uno por 4 millones de pesos, por lo que accedió.

Mientras Paredes Alvarado fondeaba a los empresarios mochitenses, estos tramitaban un gravamen del lote 17 a favor de Marcela Castellanos Barone y Juan Pablo de la Vega Castellanos, esposa e hijo de Rodolfo de la Vega Valladolid, por 49 millones de pesos.

Descubierto el engaño, el empresario regiomontano buscó una negociación, pero los mochitenses le respondieron que no devolverían ni un peso y le hiciera como quisiera para exigirlo no prosperarían porque eran poderosos en Sinaloa.

Paredes Alvarado dijo al Juez Barajas Peregrina que los empresarios mochitenses lo engañaron y maquinaron el fraude con la compra de 15 mil toneladas de azúcar, combustóleo, biomasa y la garantía porque sabían que no podrían cumplir con los compromisos y aun así lo firmaron y aceptaron depósitos. Por ello, obtuvieron un lucro indebido.

Al decretarse un receso en la audiencia inicial, José Manuel Arreola Macías y su cuerpo de abogados abandonaron el tribunal con una sonrisa en el rostro.

Artículo publicado el 11 de agosto de 2019 en la edición 863 del semanario Ríodoce.