Sorprendió a todos el anuncio de que la reforma constitucional de marzo de 2017, que permitiría reducir el número de distritos y el de diputados locales de 40 a 30 legisladores, será postergada. Es decir, no aplicará para el 2021 como lo dispone el decreto, sino hasta el 2024, según una iniciativa que acaba de ser ingresada al Congreso del Estado y que firman diputados de Morena, del PRI, del PAS, del PT y del PRD (el PAN se negó a firmarla).

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Aquella reforma se hizo a iniciativa del gobernador Quirino Ordaz y el argumento central fue la austeridad. También que era una vieja demanda de la ciudadanía. En el paquete de entonces venía también la reducción de los cabildos y esto entró en vigor desde las elecciones pasadas. Fue aprobada por las bancadas del PRI, PAN y PAS, con los votos en contra del PRD y Morena. La pregunta es qué propósitos mueven a una contrarreforma precisamente ahora que la correlación de fuerzas al interior del Congreso ha cambiado tan drásticamente.

Todavía la semana pasada el propio Sergio Jacobo, líder de la bancada priista, decía que volver a los 40 diputados significaría una regresión. Pero de todas maneras firmó la iniciativa. Eso es muy sencillo de explicar, y es que el impulso de postergar la reforma provino del tercer piso del palacio de gobierno, es decir, del gobernador. Hace dos años Ordaz Coppel promovió la reforma porque históricamente el PRI había tenido mayoría en el Congreso y creían que así seguiría siendo. Bajar el número de diputados era quitarle espacios a la oposición y eso significaba operar más cómodamente sus maniobras. Pero llegó el 1 de julio de 2018 y el tsunami que encaramó a Morena en el poder cambió las cosas. Ahora es de nuevo el gobernador quien propone postergar la entrada en vigor de la reforma porque de nuevo así le conviene. La decisión la está tomando la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), pero todos sabemos que esto salió del Palacio.

¿Y entonces? ¿Dónde quedaron los argumentos que Quirino esgrimió hace dos años? ¿Y la austeridad? ¿Y la voluntad ciudadana en la que fundó su iniciativa? Es posible entender que los partidos pequeños no quieran un congreso de 30 diputados (que es la media nacional, lo cual significa que el de Sinaloa tiene 10 diputados de más) porque tienen menos posibilidades de colocar legisladores. Por eso Audómar Ahumada aplaude el aplazamiento y brinda por ello. Si ahora el PRD tiene un diputado, con el cambio tal vez ninguno. Igual el PAS, el PT…

Y esa es la razón de fondo, con la cual están mandando a la ciudadanía a la cola: primero los partidos, las estructuras, después el interés de la gente. Ahora argumentan que el Instituto Nacional Electoral tiene que cambiar el espectro distrital porque se reducirán de 24 a 18 los distritos y que el censo está desfasado. Pero ese es solo un pretexto. Dicen que están planteando una reforma electoral “de fondo”. ¿Sí?, Bueno, entonces quítenle a los partidos el 50 por ciento de sus prerrogativas y manden ese dinero a la construcción de clínicas y de parques, a la reparación de caminos. Ahí en el Congreso hay una iniciativa del PAS desde la pasada legislatura, retómenla. En 2019 se autorizaron 118 millones para repartirlos entre los partidos cuando en 2018 fueron 109 y en 2017 solo 94. Y 2019 no fue año electoral. ¿No es una burla?

Los diputados de Morena están más preocupados por la representación que en acatar los mandatos de los ciudadanos. Si un partido no trabaja o no penetra en la sociedad paga su costo al no lograr espacios en el Congreso y en otros espacios públicos. En términos generales, sí, hay que apoyar la pluralidad. Pero en los escenarios que se fueron configurando en nuestro país, este precepto, sin desdeñarlo, hay que someterlo a muchos “asegunes”. Y ahí está, como botón de muestra, el Partido Verde, franquicia familiar y cueva de vividores.

Bola y cadena
LA AMPLIACIÓN DE LOS CONGRESOS en el país y del congreso federal fue el resultado de años de lucha en contra del sistema de partido único, pero ahora son otras las condiciones. Una contrarreforma, ahora, significaría un retroceso. Háganla y confirmarán que, aun con otra correlación de fuerzas en el Congreso, el gobernador sigue siendo el gran legislador.

Sentido contrario
COMO SI A LA GENTE LE FALTARAN MUINAS, el gobernador autorizó nuevas tarifas para el transporte urbano de Sinaloa. Un viaje en un camión de “primera” cuesta ya 11 pesos, es decir, más de 10 por ciento del salario mínimo. Si un trabajador debe tomar dos camiones para ir a su labor, pagará 44 pesos de ida y vuelta, lo que significa más del 40 por ciento de su salario. Y la pregunta sigue siendo la misma desde hace muchos años: ¿no hay manera de que los gobiernos en vez de subsidiar a las empresas subsidien a la gente más jodida?

Humo negro
AUNQUE LA DEFENSA DE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA tiene todavía la posibilidad de apelar la sentencia dictada en su contra —cadena perpetua más 30 años adicionales, algo que nadie se explica—, parece que la historia pública del capo sinaloense ha llegado a su fin. El siguiente episodio, que se antoja como de telenovela chafa, es qué va a pasar con la “fortuna” de Guzmán Loera. Nadie duda que dejó dinero y empresas —sobre todo la empresa criminal—, pero decir que van sobre 12 mil millones de dólares —una cantidad que sacan de la cantidad de droga que dicen que traficó cuantificada a precio del mercado— es jugar con la capacidad de discernir de la gente.

Columna publicada el 21 de julio de 2019 en la edición 860 del semanario Ríodoce.