Con inversión de más de 120 millones de pesos, obra de sustitución del Centro de Salud Urbano de Culiacán arranca con señalamientos de opacidad

Con presupuesto de 120 millones 800 mil 402 pesos la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles SA de CV es la encargada de realizar la obra de sustitución del Centro de Salud Urbano de Culiacán, misma empresa señalada de irregularidades en obras del Par Vial y del Centro de Justicia Penal, ambas en la capital sinaloense.

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Esto, a pesar de los señalamientos de Iniciativa Sinaloa a través de la investigadora Marlene León Fontes, quien además fungió como testigo social del proceso de la obra, la cual se otorgó en conjunto con las constructoras MTorres Desarrollo y Construcción SA de CV y Lerma Constructores SA de CV.

MTorres Desarrollo y Construcción fue una de las empresas más beneficiadas con dinero del erario para obra pública durante el sexenio pasado y entre las obras señaladas realizadas por la constructora se encuentran el Centro Cultural de Guasave y el Hospital del Carrizo, ambas obras abandonadas al final de la administración pasada.

En la licitación también participaron las empresas Grupo Constructor Celer SA de CV con propuesta de 117 millones 736 mil 200 pesos, la empresa Integradora 257 SA de CV en asociación con Aidee Castañeda Salcido, y Compañía de Obras y Servicios del Río SA de CV, cuya propuesta fue desechada.

La organización Iniciativa Sinaloa, a través del trabajo como testigo social de Marlene León, detectó diferentes irregularidades en el proceso de licitación de la obra de sustitución del Centro de Salud Urbano a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

Repitiendo vicios y patrones

La empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles fue señalada en el pasado por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual derivó en la inhabilitación de José Luis Sevilla Suárez, ex secretario de obras públicas, debido a irregularidades en la adjudicación de la construcción del Centro de Justicia Penal Centro, en Culiacán, cuyo monto debió ser licitado.

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“El ex secretario de obras públicas fue sancionado con inhabilitación debido a que la obra del Centro de Justicia centro se lo adjudicó a la empresa y la ASE verificó que fue por un monto que no lo permite la Ley”, señaló Marlene León.

La entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adjudicó de manera directa a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles en 2016 el contrato por 144 millones 400 mil pesos, para la construcción del Centro de Justicia Penal en Culiacán.

“Entonces tememos que esta empresa actualmente es una de las causas por las cuales un ex servidor público ha sido sancionado porque su contrato se entregó de manera excesivo en los montos, y bueno, la recomendación que yo hago en este testimonio es solicitar a la Secretaría de Rendición de Cuentas es si esta empresa no va o no infringe lo establecido en el artículo 72 fracción 11”, explicó.

Dicho artículo señala que “quedará prohibida la participación en procedimientos de contratación, la recepción de propuestas y la adjudicación de contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las siguientes personas físicas o morales: XI. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto en esta Ley”.

La empresa erogó entre 2010 y 2016 hasta 423.3 millones de pesos en 24 obras en el estado, y respecto a MTorres Desarrollo y Construcción, se consignó en su momento que dicha empresa se colocó en el sitio 19 del padrón de 517 proveedores, con ganancias producto de obra pública de 141 millones 874 mil 769 pesos.

Los retrocesos del testigo social

“Nuestra participación únicamente son en obras de más de 100 millones de pesos, esto debido a que en un inicio la Ley permitía que nuestra participación fuera de 400 mil pesos, es decir, estar en prácticamente todas, sin embargo hubo una contrarreforma en 2017 que limitó la participación del testigo social ya que se aumentó de 400 mil el monto a más de 90 millones de pesos, lo cual terminó en que los testigos sociales tuvieran presencia en dos o tres obras por año en todo Sinaloa”, explica Marlene León.

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La investigadora se refiere a los hechos ocurridos en octubre de 2017, cuando el entonces diputado local por el PRI y actual titular de Vialidad y Transportes del gabinete de Quirino Ordaz Coppel, Feliciano Valle Sandoval, presentó ante el Congreso del Estado una reforma a la Ley de Obras Públicas.

El documento avala la restricción del testigo social. En un inicio, dicha figura permitía al ciudadano previamente inscrito en el padrón, vigilar cualquier licitación mayor a los 400 mil pesos, y tras la iniciativa de Valle Sandoval, el monto subió hasta 90 millones de pesos.

En ese sentido, León Fontes comentó que la figura de testigo social debe fortalecerse, ya que en un principio se estableció en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 2016 la presencia en prácticamente cualquier obra.

Y actualmente en el estado únicamente operan junto a León Fontes tres testigos sociales más, es decir, las facilidades para formar parte de la vigilancia en los procesos de licitaciones no son cualidad en el actual gabinete.

Los testigos sociales inscritos actualmente son Adrián Coppel Calvo, Francisco Nicolás Jiménez Castro, Gerardo López Cervantes, registrado el 30 de abril de 2018 y Marlene León Fontes, quien tuvo únicamente una participación en su año como miembro del padrón.

Además, la integrante de Iniciativa Sinaloa advirtió que a la fecha no ha sido posible encontrar dicho contrato, debido a que no está contemplado por la Ley encontrarlo en Compranet, únicamente el proceso y el fallo de licitación.

Pero al margen de padrones y servicios, los señalamientos de opacidad en el proceso una vez más fueron advertidos, y los errores de la administración anterior encuentran eco en la actual.

Artículo publicado el 21 de julio de 2019 en la edición 860 del semanario Ríodoce.