Organismos, asociaciones civiles y de constructores señalaron la necesidad de una Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que promueva la transparencia y la anticorrupción, ya que la actual mantiene altos niveles de opacidad y privilegia a un pequeño grupo de empresas.
En rueda de prensa, integrantes de Iniciativa Sinaloa, Parlamento Ciudadano, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, de la Cámara y la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC y AMIC, respectivamente), y Colegios de Ingenieros Civiles tanto de Culiacán como de Navolato, se pronunciaron para exigir al gobierno de Quirino Ordaz Coppel una nueva norma en la materia.
Expusieron que con base en estudios realizados a la Ley notaron que en 2017 se realizaron tres cambios legales que agudizaron la problemática como la limitación de la participación ciudadana como testigos sociales, retiraron las facultades de contratación de obra a las juntas municipales de agua y revivieron el modelo de contratación por administración directa ilimitada.
Recientemente el Congreso del Estado dio inicio un proceso de parlamento abierto, en donde se vertieron diferentes propuestas en el tema, por lo que esperan que los legisladores respondan pronto a la solicitud de las reformas requeridas para mejorar en transparencia.
En mayo de este año, la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Flor Isela Miranda, equiparó a la empresa estatal Preeforzados y Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN), pudiese estar envuelta en actos de corrupción como en su momento estuvo la desaparecida paraestatal Cocosin.
De enero de 2017 al día último de abril de 2019, la Secretaría de Obras Públicas (SOP) erogó en Culiacán mil 494 millones 548 mil 238 pesos al reencarpetado y pavimentación de calles, del cual se aplicaron 316 millones 548 mil 283 pesos a través de PREECASIN, lo que representa el 20 por ciento del total invertido en la capital sinaloense.
