El ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo estaba acusado del delito de desempeño irregular de la función pública por presuntamente pagar ilegalmente 8 millones 651 mil pesos por campañas publicitarias que no se hicieron.
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En la audiencia del juicio oral en la que se presentaron los alegatos de clausura, la fiscalía lo acusó también por el delito de peculado.
Según los fiscales, durante el desahogo de los testimoniales y pruebas se demostró que del total de monto pagado, 2 millones 402 mil pesos fueron cobrados por familiares de Pineda Ochoa.
Tras presentar la acusación por peculado, los abogados defensores pidieron siete días para preparar la defensa con la nueva acusación, por lo que el juicio entró en receso y se reanudará el próximo jueves 4 de julio.
El juicio oral inició el lunes 25 de junio y durante ese día y hasta el miércoles 26 de junio, en sesiones con duración de tres a siete horas, se desahogaron 18 testimonios de 10 personas, debido a que algunos declararon dos veces.
Durante esos tres días declararon ante la jueza, el ex Secretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela; el ex jefe de Enlace Administrativo José Luis Martínez Romero; cuatro auditores de la Auditoría Superior del Estado, un agente del Ministerio Público, una agente investigadora, una perito contable y un jefe de departamento de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
En el juicio, la Fiscalía exhibió en la sala de audiencias más de 200 documentos entre facturas, pólizas de cheque, órdenes de pago, comprobantes de conversión de moneda extranjera y estados de cuenta.
De acuerdo con la Fiscalía, los 41 cheques emitidos entre julio y noviembre de 2016 eran para pagar las campañas publicitarias Delta Vacations 2016, CanWest y Continental Airlines.
De los documentos mostrados se desprende que 13 cheques fueron cobrados por familiares de Pineda Ochoa por un monto total de 2 millones 402 mil 245 pesos; y del resto se desconoce ya que fueron cobrados en efectivo.
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La esposa cobró cinco cheques, la hija hizo tres cobros, el cuñado cobró cuatro y la hermana uno.
La agente investigadora que acudió a declarar dijo que durante su investigación corroboró los lazos familiares entre Pineda Ochoa y las personas que cobraron los cheques.
Las auditoras de la Auditoría Superior del Estado explicaron las auditorías realizadas y con las que se descubrió el presunto desvío.
Una de las auditoras detalló que las pólizas eran irregulares ya que estaban hechas a máquina cuando por ley deben ser elaboradas por un sistema contable, no tenían el concepto de pago ni el número de cuenta de la que se extraen los fondos.
Las auditoras dijeron que las pólizas debían estar acompañadas del contrato, el expediente de adjudicación y los comprobantes de que el servicio pagado sí fue prestado, sin embargo no tenían esos documentos.
Además, mencionaron, durante la auditoría no pudieron comprobar que las facturas que amparaban las pólizas eran auténticas ya que están a nombre de una empresa de Estados Unidos y una de Canadá.
El ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga, declaró en dos ocasiones y en ambas acusó a Pineda Ochoa.
El ex servidor público dijo que en 2017, cuando ya no era Secretario sino Subsecretario, se enteró de los pagos y las campañas se le hicieron desconocidas por lo que empezó a indagar y buscó a Pineda Ochoa, quien no le contestaba las llamadas hasta que le mandó un mensaje y respondió que luego le explicaba.
Ambos se reunieron el 20 de marzo en el Sanborns de la Gran Plaza en Mazatlán y ahí Pineda Ochoa confesó: “no te voy a mentir, te voy a decir la verdad como caballeros, esas campañas no se hicieron, ese dinero lo saqué porque recibí órdenes superiores”.
Pineda Ochoa supuestamente también dijo que sus superiores y quienes mandaban eran los de la Secretaría de Administración y Finanzas, pero no dio nombres.
Presuntamente reveló que el dinero lo había sacado a la “antigüita”, falsificando documentos y firmas.
Pineda supuestamente dijo al ex Secretario que sentía pena por él porque su carrera política y profesional saldría afectada porque “no puedes atrapar un zorrillo sin salir apestado” y se ofreció a recomendarle un buen abogado.
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Días después se reunieron de nueva cuenta en la Terminal de autobuses AUS de Mazatlán y Pineda le comentó al ex Secretario que devolvería el dinero.
Lizárraga Favela dijo que durante el tiempo que fue titular de Turismo trabajaron con recursos limitados y cuando acudía a la Secretaría de Administración y Finanzas a solicitar, no le daban.
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Señaló que a Pineda Ochoa, la SAyF le dio recursos en fin de sexenio cuando el gobierno estaba en crisis y se los otorgaron con solo presentar un oficio sin firma, nada más con un sello.
Presuntamente esos recursos fueron los que se desviaron a cuentas de sus familiares y provienen del Fideicomiso 3 por ciento, cuyos fondos se obtienen del Impuesto sobre hospedaje.
En abril de 2017, el ex funcionario acudió a la Auditoría Superior del Estado a presentar una denuncia por las irregularidades en las campañas, y con ella se inició la auditoría que derivó en la denuncia penal que llevó a Pineda Ochoa a juicio.
El Ministerio Público preguntó a Lizárraga Favela si la persona que mencionaba en su declaración estaba en la sala y pidió que lo señalara.
El ex Secretario dijo que sí y levantó el brazo izquierdo y apuntó con su dedo índice a Pineda, a quien tenía a su costado, a menos de dos metros, y en ese momento Pineda agachó la cabeza y cerró los ojos.
Lizárraga Favela estuvo en proceso penal por el mismo delito pero fue absuelto al no encontrarle elementos para fincarle responsabilidades.
Mencionó que el daño que sufrió por la acusación fue más alto que los 8 millones porque perdió su casa y su trabajo y durante un tiempo junto con su esposa tuvo que vender comida y joyería.
Durante 20 años, aseguró, nunca tuvo ningún problema, incluso cuando fue Secretario, cada mes se reunía con el Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Humberto Villasana Falcón, de quien dijo “se encuentra en esta sala sentado entre el público, acompañando al acusado”.
En el juicio también declaró el ex jefe de Enlace Administrativo, José Luis Martínez Romero, quien reconoció que él también firmó las 41 pólizas pero cuando ya habían sido pagadas.
Declaró que se dio cuenta que les hacían falta los contratos y expedientes de adjudicación pero Pineda Ochoa ordenó que así los archivara y después entregaría los documentos faltantes.
“En Gobierno no te puedes poner a pelear con tus jefes porque te corren”, expresó.
Comentó que cuando se hicieron los pagos él no estaba trabajando ya que le detectaron cáncer de colon y cuando regresó a su oficina fue solo para firmar documentos, entre ellos las pólizas.
Romero Martínez también estuvo acusado pero fue absuelto.
“Me desgraciaron la vida, tengo dos años sin trabajo, ni en gobierno me quieren. Aparecimos como si fuéramos los delincuentes más grandes del mundo”, dijo.
Durante los alegatos de apertura de juicio el lunes 25 de junio, una de las fiscales dijo a la jueza que ese era un día histórico para Sinaloa porque la sociedad clama justicia y ese juicio es una oportunidad para sentar un precedente en el combate a la corrupción.
Los cargos públicos, dijo, son para servir, no para abusar de ellos como lo hizo Pineda Ochoa.
La defensa acusó que se trataba de un doble enjuiciamiento ya que Pineda Ochoa ya fue sancionado por la vía administrativa.
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La Fiscalía, indicó, no es pareja porque a los otros dos acusados los absolvieron a pesar de que los acusaban con las mismas pruebas.
Pineda Ochoa, señaló el abogado, es honesto, trabajador, vive en un ambiente familiar y no tiene motivos para cometer un delito y está acusado solo por servir a la ciudadanía.
El jueves, después de que la Fiscalía presentó la acusación por peculado durante los alegatos de clausura, la defensa se dijo sorprendida por “la falta de lealtad” de los fiscales por presentar hasta ese momento la acusación y no durante la etapa intermedia.
La fiscalía respondió que no había ninguna falta de lealtad ya que la ley permite reclasificar el delito durante los alegatos de cierre.
La juez dio un receso de siete días para que la defensa prepare nuevas pruebas o sus alegatos de clausura, considerando la acusación por peculado.
De acuerdo con la Fiscalía, por el delito de desempeño irregular de la función pública, la sanción es de seis meses a tres años de cárcel y por peculado de seis meses a nueve años.
Artículo publicado el 30 de junio de 2019 en la edición 857 del semanario Ríodoce.
