Esta es la partida secreta para el Presidente que aprobó el Senado dentro de la Ley de Austeridad

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Una partida secreta que permitirá un uso discrecional de los ahorros que se obtengan del plan de austeridad que impulsa el Ejecutivo federal, fue aprobada dentro de la Ley en la materia por el Senado.

De acuerdo a El Universal en el artículo 62 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, se señala: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

La senadora Cecilia Márquez (PAN), dijo que se debería llamar la ley de la “corrupción republicana”, porque es una norma de buenas intenciones pero con corrupción, pues se le otorgará un “cheque en blanco o más bien 90 mil millones”, al Presidente para que por decreto y a discreción haga uso de esos recursos.

“Este recurso público de los ahorros que dejan en manos del Presidente puede ser utilizado político electoral, como dádiva, a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en las que se utilizará el recurso. Nosotros estamos para ser contrapeso, es lamentable que no lo entienden, y que de lo que tanto se quejaron lo estén magnificando”,
expresó en tribuna.

En la norma, también quedó establecido en el artículo 24, que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquicos y que tengan información privilegiada, no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflicto de interés y corrupción.

La oposición conformada por el PAN, PRD, PRI y MC, votaron en contra de los artículos mencionados, pero ser una ley secundaria, que no requiere de las dos terceras partes de los senadores presentes, Morena y sus aliados avalaron la norma.

Vanessa Rubio, del PRI, lamentó que haya ganado el “estómago” y no la razón, cuando había un trabajo en conjunto que permitía aprobar una ley de austeridad que de verdad sirva a México, que perjudica a los funcionarios públicos y mucho menos viola la Constitución.

“Estamos aprobando una ley que viola la división de Poderes, la autonomía de los órganos autónomos y que afecta a los 1.4 millones de servidores públicos, que no podrán trabajar en la iniciativa privada hasta pasar cinco años de haber ejercido un cargo público, porque no distingue ni siquiera grados de responsabilidad”, precisó.

El senador de MC, Samuel García, señaló que si bien la oposición apoya la austeridad, fue una “grosería” lo que ocurrió en comisiones donde hubo un “albazo”, por lo que irán a la Suprema Corte a presentar acciones de inconstitucional en 11 artículos.

“Estamos seguros que llegando a la Corte este Senado será exhibido por sacar vía rápida una ley que pudo salir de manera unánime, pero que por línea de una secretaría nos tuvieron que meter un albazo. La austeridad no son recortes, pues esta ley no incluye a Estados y municipios”, indicó.

Antonio García Conejo (PRD), refirió que la visita de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, horas antes de la votación en comisiones del dictamen, dio muestra de la “fragilidad” que tiene el grupo mayoritario ante las decisiones del Ejecutivo, por lo que es necesario generar verdaderos contrapesos y disminuir las decisiones discrecionales

Morena junto con sus aliados avalaron dos reservas una de la senadora Geovana Bañuelos (PT), y del morenista Félix Salgado; la primera propuso prohibir fideicomisos en el Poder Judicial y órganos autónomos.

Mientras que la de Salgado Macedonio, propuso cambios en la redacción del artículo 24, para delimitar que solo sean los mandos superior jerárquicos, y aquellos que tengan información privilegiada y que pueden causar conflicto de interés, los que no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados, debido que sufrió modificaciones.

El portal Aristegui Noticias dio a conocer que los legisladores de Morena señalaron que con la norma se formaliza la eliminación de las pensiones para los ex presidentes de la República, se prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación, se congela la apertura de plazas en la administración pública federal y se prohíbe a funcionarios de mando superior contratarse en la iniciativa privada hasta 10 años después de dejar el servicio público, si tuvieron acceso a información privilegiada, supervisaron o regularon a la empresa.

La discusión empezó a las 2:00 horas de este martes, cuando se entregó a la Mesa Directiva el dictamen.

Después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a favor y 29 abstenciones, del PRI y del PAN, principalmente, se procedió a la discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas, para lo cual se registraron 15 oradores.

Tras debatir, los legisladores avalaron la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas reformas y disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de no aceptarse reservas o adiciones, pasará al Ejecutivo. De lo contrario, el dictamen se regresará a la Cámara de Diputados.

El senador de Morena Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expuso que la legislación prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos, establece que las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación.

También se prohíben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, se establece que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.

La Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público elaborarán y remitirán los lineamientos para regular las medidas mencionadas.

Con relación al comportamiento austero y probo de los servidores públicos, se establece que se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos de egresos.

Por ningún motivo deberán autorizarse bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Tampoco se autorizarán pensiones al titular del Poder Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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