El caso del Triburonario de Mazatlán no ha terminado. Apenas empieza.
Hay tres órganos fiscalizadores detrás de distintas pistas y, al menos dos, ya preparan sanciones administrativas y penales contra distintos actores que participaron en el proyecto que colapsó el 1 febrero de 2017.
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Actualmente hay un proceso penal en el que se involucró a cuatro funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, de los cuales dos ya libraron la cárcel y uno más está en proceso de negociación con Gobierno del Estado.
Mientras tanto, ya asoman sanciones administrativas, así como posibles procesos penales nuevos, toda vez que la investigación sigue abierta por las fases de construcción de la obra y el colapso.
“En el caso específico del Tiburonario, este primer momento de la investigación, nosotros judicializamos por la contratación indebida, es decir, nosotros partimos en primer momento de este asunto, ni siquiera la investigación llega a la obra, al colapso. No. La investigación parte desde el primer momento”, señaló Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción.
¿Qué fue lo primero que sucedió para que se diera la obra del Tiburonario?, el contrato, desde ahí ese asunto nace mal, nace de manera inadecuada. Entonces por eso nosotros judicializamos por la contratación indebida”.
—¿Hay más procesos entonces? ¿Hay más etapas?
—Este asunto se sigue investigando, el hecho de que hayamos judicializado no quiere decir que ya se haya culminado con la investigación (…). Nosotros seguimos investigando y seguimos en esa causa, tenemos a otras dos personas implicadas, entonces el proceso sigue abierto.
—¿Podría ser que haya una segunda o tercera etapa?
—Sí podría ser. Si nosotros encontramos los elementos que tipifiquen otro delito, que involucren a otras personas, por supuesto que sí puede ser.
Pero no solo la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta las carpetas de investigación, sucede también con la Auditoría Superior del Estado.
Hay en ese organismo dos asuntos relacionados con conceptos de Obra Pública y el Tiburonario, uno que requiere inspección física y otro en el que se está elaborando el dictamen en el área de Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento (AEPIS).
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Al mismo tiempo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ya prepara el anuncio de una nueva sanción.
Carlos Sánchez Robles, subsecretario de Responsabilidad y Normatividad, explicó que al inicio de la administración se hizo llegar un expediente con distintos puntos a investigar, de los cuales uno ya se encuentra en la fase de investigación previa.
El caso solo implica a una persona, quien estuvo a cargo de la supervisión de la última etapa de la construcción
La sanción será solo administrativa, pero tras ésta podrían desencadenarse otras sanciones, en las que no se descarta que se involucre a otros ex funcionarios, como al ex Secretario de José Luis Sevilla Suárez.
El antecedente
Por el colapso, la Auditoría Superior del Estado hizo una fiscalización especial, la cual desembocó en una serie de promociones de responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia.
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La acusación de la Fiscalía Anticorrupción fue el haberse avalado dos actas de fallo, en las que los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
La primera licitación fue la N55-2013El, y el 13 de septiembre de 2013 se emitió un fallo a favor de la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna.
En ese proceso se desecharon las propuestas técnico-económicas de las firmas Construcción, Mantenimiento y Servicios de Sinaloa SA de CV y la de Grupo Constructor Pelícano, SA de CV, pese a que sus propuestas eran de menor costo.
El segundo fallo se dio a conocer el 31 de mayo de 2016, cuando se anunció que Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González, ganó la licitación E12-2016 y se desecharon propuestas de Constructora Marli, SA de CV; de Carlos Arturo Toalá Camacho, Constructora Sectsa, SA de CV, y Mazurbanizadora, SA de CV.
Los primeros implicados
La Fiscalía Anticorrupción presentó ya a cuatro ex funcionarios implicados en la presunta contratación irregular de dos empresas para construir el Tiburonario.
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Se trata de Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; y Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos. Todos de la Secretaría de Obras Públicas.
Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar que tenía suficientes datos para iniciar un proceso en contra de Carlos Ramón López Castro, por lo que quedó absuelto.
A López Castro le siguió Dionisio Sánchez Félix, quien logró una suspensión condicional del proceso, luego de que su defensa, liderada por el abogado Luis Navidad, estableció que los posibles culpables del colapso fueron las empresas que ejecutaron la obra, así como los encargados de la supervisión y el pago de la misma, en este caso funcionarios dependientes la Secretaría de Administración y Finanzas.
Sin embargo, la Fiscalía no hizo acusaciones en contra de las empresas o de Administración y Finanzas.
La defensa también cuestionó por qué Gobierno del Estado no exigió que las empresas hicieran válidos los seguros que incluyeron en los contratos de obra, los cuales no generaban un daño al erario, sino que ello debió haber sido aplicado.
El juez decretó que la defensa tenía la razón y que por lo tanto debía aceptarse el recurso de suspensión condicional del proceso, que le permite a Sánchez Félix evitar un juicio en su contra y al mismo tiempo evitar la cárcel.
La condición del juez fue que Sánchez Félix no dejara su domicilio ubicado en la colonia Chapultepec en un periodo de 12 meses, calculando que en ese tiempo se podría acabar de investigar y juzgar el caso por el que todavía hay dos implicados.
Ahora queda el turno de Ulloa Miranda y Trujillo Sicairos.
Artículo publicado el 30 de junio de 2019 en la edición 857 del semanario Ríodoce.
