Una grave omisión gubernamental para proteger y restaurar la abundancia de los mares y con ello asegurar el futuro de esta fuente de alimentación en México, fue revelada este día en un informe que dio a conocer la organización no gubernamental Oceana.

El gobierno federal fue señalado de otorgar, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), cada vez más permisos de pesca, incluso tratándose de especies oficialmente reconocidas por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) como sobreexplotadas, en los últimos años.

Como ejemplo, se informó que la auditoría de Oceana detectó que los permisos otorgados por la Conapesca, a partir de 2011, presentan un crecimiento desproporcionado en comparación con años pasados, en algunos años de más del 263 por ciento.

Considerada como la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, dio a conocer que en México ha existido una gestión pesquera incierta, opaca y no sustentable.

Esteban García-Peña, director de la campaña de restauración de pesquerías de Oceana México, informó que Oceana México realizó una auditoría a la información pública del sector pesquero, de la que obtuvo cifras y datos oficiales que muestran el desorden que ha prevalecido en la administración pesquera de los últimos 20 años.

“Esta auditoría de información pesquera revela una grave omisión gubernamental para proteger y restaurar la abundancia de los mares y con ello asegurar el futuro de esta importante fuente de alimentación en México”, explicó García-Peña, director de la campaña de restauración de pesquerías de Oceana México.

Pedro Zapata, vicepresidente de Oceana México, dijo que conocer el estado general del sector pesquero en México es una labor compleja, debido a que hay un acceso limitado a la información sobre la disponibilidad y abundancia de los recursos pesqueros.

“Los datos que contiene la Carta Nacional Pesquera (CNP), no se actualizan de manera regular, basta decir que dicho documento se ha actualizado únicamente cinco veces desde su publicación inicial, en el año 2000 cuando por ley debería ser cada año”, detalló Zapata.

García-Peña, responsable de la auditoría, explicó que se encontraron datos desactualizados, opacidad e información incierta, así como poco apego, o incluso desobediencia a las recomendaciones de la CNP por parte de la autoridad al momento de otorgar permisos de pesca.

“En los últimos años, la autoridad regulatoria, que es la Conapesca, ha dado cada vez más permisos de pesca, incluso tratándose de especies oficialmente reconocidas por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) como sobreexplotadas”, dijo García-Peña.

La CNP es un documento elaborado y actualizado por el Inapesca con la participación de otras instituciones gubernamentales, académicos y del sector. En ésta se detalla el estado que guardan los recursos pesqueros del país, así como los mecanismos y técnicas específicas para su aprovechamiento.

Dicha Carta es además un documento vinculante que indica las estrategias y acciones que se deben cumplir para regular la pesca en México. Sin embargo, el 96 por ciento de las fichas sobre pesquerías que la conforman, carece de los fundamentos y bases científicas para el aprovechamiento pesquero, se informó.

“Dicho de otra manera, en la mayoría de los casos, la información no tiene fundamentos, o la autoridad los mantiene en secreto”, se expuso.

La auditoría también reveló que el 99 por ciento de las pesquerías que contiene la CNP son inconsistentes, pues presentan información incompleta en cuanto a las poblaciones y disponibilidad de las especies.

Por su parte, la autoridad pesquera, Conapesca, ignora o desobedece los preceptos de la CNP que está obligada a observar y aplicar.

“Es evidente que la Conapesca ha hecho caso omiso a las indicaciones de sobreexplotación de especies y esfuerzo pesquero y ha autorizado incrementos de permisos y concesiones pesqueras aún en pesquerías sobreexplotadas. El mero, en Yucatán, es un ejemplo de muchos”, expresó García-Peña.

La auditoría de Oceana detectó que los permisos otorgados por la Conapesca, a partir de 2011, presentan un crecimiento desproporcionado en comparación con años pasados, en algunos años de más del 263 por ciento.

Entre el periodo de 1994 y 2018, el 2016 fue el año con mayor número de permisos otorgados (5,115) y con mayor número de embarcaciones autorizadas (26,720). Con ello, se convierte en el año con la mayor explotación pesquera en la historia de México, de acuerdo con la base de datos proporcionada por la misma Conapesca.

El análisis señala que este crecimiento desmedido de la extracción pesquera contrasta con la información expresada en al menos 80 por ciento de las fichas de la cnp, cuya recomendación es no incrementar el esfuerzo pesquero.

García-Peña dijo que es muy grave que menos del 50 por ciento de los recursos pesqueros aptos para extracción cuentan con información actualizada sobre su disponibilidad y que, en los demás casos, la información con la que se toman decisiones tiene más de 6 años de antigüedad.

Aseguró que una reducción o pérdida en la abundancia de recursos pesqueros, por sobrepesca, impactará la seguridad alimentaria y tendrá graves implicaciones desde el punto de vista social, económico y ambiental.

“Los cientos de miles de personas que viven directamente de la pesca, y sus familias verán mermadas sus condiciones de vida y alternativas alimentarias por la poca disponibilidad de especies para pescar. Esto incluye, desde luego, miles de comunidades que dependen de la pesca artesanal o ribereña, y que verán una reducción en el alimento disponible, al mismo tiempo que se reducirán sus ingresos, acentuándose los niveles de pobreza; se estima que existe 1 millón de empleos vinculados a la pesca, y estos pueden estar en riesgo”, expresó García-Peña.

Pedro Zapata dijo que la protección, restauración y recuperación de poblaciones de especies pesqueras debe ser una prioridad de este gobierno, que ha dejado claro su compromiso con el combate a la pobreza y con la seguridad alimentaria.

“Es crucial que en México se cuente con una política que asegure que el Gobierno Federal sea obligado a proteger, restaurar y recuperar las poblaciones y los ecosistemas de especies sobreexplotadas, deterioradas o en proceso de colapso. Específicamente, la identificación y análisis de las pesquerías sobreexplotadas, así como la planeación y ejecución de las estrategias o acciones para su protección y restauración, deben recaer en la Federación”, indicó Zapata.