Con la restitución de los apoyos económicos como fallo, la Secretaría de Bienestar estaría obligada a la restitución del apoyo que entregaba en el 2018 a 189 estancias infantiles de Sinaloa, según la sentencia de un Juez Federal.
En conferencia de prensa, los diputados federales del Partido Acción Nacional, Carlos Castaños por Sinaloa y Mario Mata por Chihuahua, dieron a conocer la noticia en conferencia de prensa, donde hicieron un llamado al titular de Bienestar en Sinaloa, Jaime Montes Salas, a que acate la orden del Juez.
“Hoy precisamente vamos a estar presentando una solicitud al juzgado para que se obligue ese pago, ya no tiene pretexto el gobierno federal para no hacerlo y si no lo quiere hacer vamos a ir la semana que entra a la delegación de la Secretaría de Bienestar a notificar al súper delegado Jaime Montes”, indico Carlos Castaños.
Sinaloa se une a estados como Chihuahua con victorias legales, luego de la eliminación del programa de estancias infantiles a nivel federal, en donde estiman se pague un promedio de 170 mil pesos por mes a cada guardería amparada en el periodo de enero a mayo de 2018.
Y según explicó Carlos Castaños se ratificó y se pronunció a favor de la obligatoriedad del gobierno federal que ya no será de enero a mayo de 2018, sino de enero hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo.
Por su parte, Mario Mata, ex gobernador de Chihuahua y ahora legislador por el PAN, señaló que con estas resoluciones esperan la restitución del programa de estancias, mismo que se canceló debido a una supuesta mala información al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre padrones inflados y “niños fantasmas”, término que calificó como peyorativo, además de una mentira.
“Es mentira los ‘niños fantasma’, 97 mil según dijo el presidente qué significarían 6 mil millones de pesos y por eso exigimos que lo demuestre; no nos ha querido dar la lista porque no la tienen, exigimos que se rinda cuentas”, dijo.
Los legisladores señalaron que la semana entrante estaría junto con trabajadoras de estancias infantiles acudiendo a la Secretaría de Bienestar a solicitarle el cumplimiento de la orden del Juez a Jaime Montes Salas, quien en caso de incumplir caería en desacato.
La multa por incumplimiento es de tres a nueve años de prisión, 500 días de UMA, destitución o inhabilitación por 9 años, según informaron Carlos Castaños y Mario Mata.
Esta medida esperan que sirva de precedente para restituir el programa de estancias infantiles, ya que representa alrededor de 60 mil empleos directos a nivel nacional y con la desaparición del mismo además se ha afectado a padres y madres de familia, así como a niños y niñas beneficiarios del programa.
