“Mafia del poder” protege a gasolinero, denuncian

El gobernador Quirino Ordaz Coppel encabeza una “mafia del poder” que protege a un empresario gasolinero en Los Mochis, quien violentando toda norma oficial instaló una estación de servicios en una zona habitacional, permitida con la omisión deliberada de gobiernos priistas identificadas con el movimiento político del ex gobernador, Mario López Valdez, denunciaron los colonos afectados.

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Víctor Hugo Pacheco Chávez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en la Zona Norte es pieza clave en el engranaje de impunidad y de letargo de la aplicación de la justicia, pues es quien dilata la sentencia en contra del empresario gasolinero, y obstaculiza las acciones del gobierno de Ahome que busca cancelar los permisos que dieron origen a la gasolinera de la controversia, afirman Emma Morfín y Miguel Medina.

Hasta ahora y tras un año de lucha pacífica en la calle Francisco I. Madero, entre Tlaxcala y Tamaulipas, los colonos que vieron rota su tranquilidad y puesto en peligro la vida de sus familias por la inhalación forzada de los gases tóxicos que escapan de los depósitos de combustible subterráneos, no han logrado que el gobernador Ordaz Coppel mueva un ápice para frenar la voracidad y ambición del empresario gasolinero Nemesio Artola, pese a constantes abordajes.

El gobernador recula al tema y rehuye encontrarse con los colonos, quienes en un movimiento de pinzas logran coparlo, sólo para obtener una evasiva más, que ya no les molesta, pero sí les divierte porque saben que el mandatario es sólo un figurín sin autoridad ni mando, y títere de los empresarios Artola, consideran Morfín y Medina, vecinos del sector San Francisco y representantes de los manifestantes dañados por la política priista de confabulación.

En la colonia Anáhuac, durante el último encuentro con el gobernador Quirino Ordaz, éste pareció ahogarse entre los vecinos que lo rodearon, y buscando un salvavidas manoteo al aire: ¡Carlos Gandarilla! ¡Carlos Gandarilla! atiende a estos vecinos. Y el aludido apareció de entre la multitud, zafando a su patrón del encierro vecinal.

Sin decisión en el caso, Gandarilla fue un eslabón más de la política priista de simulación. Qué, cómo, cuándo, en dónde, quién, respondía una y otra vez a la exigencia de vecinal de que actuaran y detuvieran el abuso empresarial en contra de los vecinos de un barrio que otrora fuese tranquilo y amigable.

A lo más que llegó el funcionario fue a proponer recibirlos en Culiacán, para agendarles una cita con el Gobernador y plantear el caso.

La propuesta divirtió a los colonos, pero no los desanimó pues ya sabían que el Gobierno del Estado está para afectarlos, y no para resolver los abusos empresariales.

Más animados por el rechazo, los colonos se replegaron al barrio.

Medina y Morfín coinciden en que no serán derrotados por el empresario Nemesio Artola con sus tácticas de intimidación por tener tribunales y a la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado a su favor, ni por un gobernador y un gabinete omiso, títere y falderos del dinero.

Tres semanas después de aquella asamblea callejera con el gobernador en la que intervino Carlos Gandarilla, la reunión con los altos burócratas se realizó el pasado jueves 22 de mayo.

En ella, Gonzalo Gómez Flores, secretario General de Gobierno y segundo al mando en el gabinete de Quirino Ordaz Coppel, y el subsecretario Marco Antonio Osuna Moreno, otro “malovista” con la misma enseñanza política priista de Arturo Duarte García, se dijeron ignorantes del caso de la gasolinera de la discordia, y justificaron que lo conocido es sólo a través de lo que se ha publicado en medios de comunicación masiva, contaron algunas mujeres que asistieron a la cónclave.

Los funcionarios ofrecieron que harían “todo lo posible” por empaparse del caso, y “buscar la forma de ayudarlos”, aunque nada concreto y específico.

De acuerdo con los vecinos, la historia de avaricia e impunidad la tejieron dos gobiernos municipales priistas, el de Arturo Duarte García y su secretario, Álvaro Ruelas Echave, alcalde de relevo.

Duarte García, en el último día de su trienio, el 30 de diciembre del 2016, aprobó a Nemesio Artola construir la gasolinera en la esquina de Tamaulipas y Francisco I. Madero, saltándose todos los requisitos exigibles para una estación de servicios.

El expediente con documentación clave de este nuevo establecimiento desapareció —como por arte de magia— de los archivos de Obras Públicas y demás dependencias cuando se supo que Manuel Guillermo Chapman Moreno, de la Coalición “Juntos Haremos Historia” gobernaría Ahome con la promesa de conducir a la cárcel a los funcionarios corruptos.

Sin embargo, los vecinos afirmaron que en el expediente que ellos ventilan en los juzgados de distrito y de justicia administrativa encontraron que la licencia de uso de suelo está condicionada, y fue ejercida sin aprobación del cabildo de entonces, pues la anuencia se dio el 30 de diciembre por el arquitecto Gregorio Molina Germán.

La misma carece de deslinde oficial, no tiene la factibilidad de Protección Civil de Ahome, adolece de la autorización de la agencia de seguridad industrial y de la operación del medio ambiente sector hidrocarburos. Así como incumple con la aprobación del proyecto hidrosanitario y no tiene la factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

Pese a ello y al rechazo vecinal, la gasolinera se instaló.

Y cuando los vecinos se movilizaron, les cayeron demandas penales en su contra.

Peor aún, supuestos matones a sueldo han acudido al lugar a amenazar a los colonos, recuerda Morfín.

Aún con todo en su contra, los colonos recurrieron al cabildo de Chapman Moreno y este les ofreció actuar en contra de Nemesio Artola y los funcionarios que cedieron a presiones para permitir la operación de una gasolinera irregular.

Y cuando el municipio intentó parar el servicio, el empresario recurrió a magistrados a modo y frenaron al Ayuntamiento. El caso aún se ventila en tribunales.

Artículo publicado el 26 de mayo de 2019 en la edición 852 del semanario Ríodoce.