La Fiscalía General del Estado tuvo preso a un hombre acusado de homicidio durante ocho meses, pero era un homónimo del que buscaban.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos envió una recomendación a la FGE por este caso, pero su titular, Juan José Ríos Estavillo, la rechazó.

Ríos Estavillo pasó de encabezar la CEDH y enviar recomendaciones por violaciones a derechos humanos, a ser titular de la FGE señalada de violar derechos y ahora rechaza una recomendación.

De acuerdo con la CEDH, agentes de la FGE además falsificaron un documento para justificar la detención.

El acusado, identificado como “QV1”,  estuvo preso del 12 de febrero al 25 de octubre de 2018, cuando un juez determinó que no correspondía a la identidad de la persona que señalaron ante el ministerio público por lo que fue absuelto.

El homicidio por el que lo acusaron se cometió el 16 de septiembre de 2011 y en octubre el ministerio público obtuvo tres órdenes de aprehensión.

En enero de 2012 agentes investigadores obtuvieron un domicilio para ejecutar el mandamiento judicial y se trasladaron al lugar y entrevistaron a vecinos quienes dijeron desconocer si ahí habitaba la persona que buscaban pero afirmaron que sí vivía en el domicilio otro de los acusados.

En septiembre de 2016, los agentes mostraron las fotografías de ocho personas a cuatro testigos, quienes reconocieron a uno de los responsables pero no a “QV1” como una de las personas que estuvo el día de los hechos.

A uno de los acusados del homicidio que ya estaba detenido también le mostraron las fotos y tampoco señaló a “QV1” de haber estado en el lugar del asesinato.

“Me los presentaron en una foto y yo dije que no era ese el que había tenido que ver con el pleito ya que no estuvo en los hechos ni en la fiesta ni en nada”, dijo ante el Juez el acusado.

La CEDH estableció que solicitó a la Fiscalía el informe policial de la detención pero enviaron un documento falso con el que trataron que justificar el arresto.

Ríos Estavillo rechazó la recomendación enviada por la CEDH y los señalamientos.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa respondió la NO ACEPTACIÓN por la Recomendación 5/2019 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al identificar falta de elementos para acreditar violaciones a derechos humanos en la ejecución de una orden de aprehensión, por el delito de homicidio doloso”, dio a conocer.

Señaló que “dicho mandamiento judicial fue emitido por un juez penal del sistema tradicional desde octubre de 2011, con base en la consignación de una averiguación previa integrada por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que existen claros señalamientos en contra de la persona detenida, cuyo nombre no coincide con ningún otro habitante del Estado de Sinaloa”.

Estos hechos fueron considerados como no acreditados, indica, dado a que el personal de la institución sí contaba con una orden de aprehensión librada de manera previa por una autoridad judicial, siendo el inculpado puesto de inmediato a disposición del propio juez, respetando toda norma jurídica vigente.

Respecto a la existencia de otro ciudadano con nombre coincidente al de la persona detenida, es de resaltarse que jamás se acreditó tal “homónimo”, ni en la Recomendación, como tampoco dentro del expediente penal, señala.

Menciona que con relación al cumplimiento de una orden de aprehensión, a la institución del Ministerio Público solamente le corresponde llevar a cabo su ejecución, mientras que es facultad del Poder Judicial librar el mandamiento, validar la puesta a disposición, dictar el auto de formal prisión y ordenar su prisión preventiva, como ocurrió en el presente caso.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa es una institución de buena fe, cuya facultad es la de procurar justicia en favor de las víctimas de un delito, integrada por investigadores, ministerio públicos y peritos, cuyo principal compromiso es respetar los derechos de las personas”, asegura.