Después de casi cuatro años, terminó un calvario para los familiares de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, desaparecidos por agentes de la Policía Municipal de Ahome.

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Sus restos fueron encontrados en agosto de 2018 e identificados y entregados en enero pasado.

Los familiares concluyeron con la búsqueda de los cuerpos pero siguen con el calvario de lograr que se haga justicia.

Los presuntos responsables son los agentes de la Policía Municipal de Ahome, Álvaro Ricardo Montes Gaxiola, Silvia Abigail Paniagua Jiménez y Nicolás Galaviz Bojórquez.

Los tres tienen orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada pero no han sido capturados.

Por información que conduzca a su detención, la Fiscalía General de la Nación ofrece una recompensa de hasta de un millón de pesos desde septiembre de 2016.

David, de 27 años; Alfredo, de 23, y Margarita de 20 años y con tres meses de embarazo, desaparecieron el 21 de julio de 2015 en la colonia San Rafael, en Los Mochis.

En ese sector los jóvenes buscaban carros, debido a que se dedicaban a la compra y venta, pero una vecina los vio sospechosos y los reportó al número de emergencias.

Agentes de la Policía Municipal acudieron a atender el reporte, los detuvieron y desde entonces ya no se supo nada de ellos.

Tres años después, los restos fueron localizados por las Rastreadoras por la Paz en la rivera del río El Fuerte, en la comunidad de El Alhuete, en la sindicatura de Higueras de Zaragoza, en Ahome.

En ese lugar, hallaron cuatro osamentas el 7 de agosto del año pasado y al día siguiente otras tres.

Entre los restos hallados el 8 de agosto estaban los de Alfredo Elías.

La osamenta fue identificada hasta el 23 de octubre ya que realizaron confronta genética con ambos padres y los dos hijos de la víctima.

Tras confirmar que se trataba de Alfredo Elías, el 24 de octubre personal de la Fiscalía acudió a la zona donde lo hallaron para buscar a David y a Margarita.

En la misma área encontraron otras dos osamentas que con las pruebas de ADN realizadas por la Procuraduría General de la República se confirmó que se trataba de los otros dos jóvenes.

Con los peritajes se estableció que las víctimas fueron asesinadas de dos balazos en la cabeza.

Los restos de los tres jóvenes fueron entregados a sus familiares hasta el pasado 28 de enero.

Los familiares se han encontrado con obstáculos para lograr que se haga justicia.

La orden de aprehensión para los agentes municipales involucrados fue solicitada en marzo de 2016 pero el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte la negó.

Un mes después, el 15 de abril, la Sala de Circuito Penal revocó la negativa del juez y ordenó que se librara el mandamiento judicial.

Los policías todavía trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero en cuanto se libró el mandamiento judicial solicitaron su periodo vacacional y escaparon.

Los presuntos responsables están prófugos y han tramitado diversos amparos contra la orden de aprehensión, los cuales les han sido negados.

Los familiares de los desaparecidos también presentaron una denuncia en la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal el 26 de agosto de 2015.

De acuerdo con la copia de resolución del expediente, en diciembre de ese año el Consejo decidió sobreseer el procedimiento administrativo debido a que “no existe información alguna para poder dar seguimiento a este procedimiento administrativo”.

El Consejo de Honor conoció la versión de los hechos del entonces director de la Policía, Gerardo Amarillas Gastélum, pero por una entrevista que dio al periódico El Debate.

Los integrantes del Consejo tomaron las declaraciones que Amarillas dio al diario y las incluyeron al expediente.

En esa entrevista dijo que hubo una confusión porque nunca llegó al lugar donde una vecina reportó como sospechosos a los tres jóvenes.

“Sabemos que un hermano de la vecina sí llegó, pero la patrulla no, porque estaba asignada a una institución bancaria, pero por error administrativo se puso que sí fue al domicilio”, dijo.

En el expediente penal, la Fiscalía incluyó los testimonios de personas que vieron a los tres jóvenes detenidos por los agentes.

Uno de los testigos dijo que observó cuando los policías revisaban a las víctimas y se acercó para decirles que los jóvenes andaban actuando de manera extraña en la zona.

Otro de los testigos declaró que vio a los dos hombres en la caja de la patrulla y a la mujer en la cabina.

Un tercero manifestó que también vio a los dos jóvenes en la caja de la patrulla.

Los testigos reconocieron a las víctimas y a los agentes cuando les mostraron fotografías.

La madre de David declaró que el día que desaparecieron le marcó al celular y él contestó que no podía hablar porque los policías los estaban revisando.

Después volvió a marcar al celular de David pero la llamada se fue a buzón y desde entonces ya no supo de él.

Los familiares de las víctimas tramitaron diversos amparos ante jueces de distrito.

Uno de ellos, que sigue en trámite, fue contra la Fiscalía General del Estado por la omisión y/o negativa de coordinador, colaborar, implementar estrategias para cumplimentar y ejecutar las órdenes de aprehensión.

Otro más que hasta la fecha no concluye, fue contra la desaparición forzada y por el que desde 2015 el Juez ha solicitado informes a corporaciones policiales estatales, municipales y federales, fiscalías, hospitales y juzgados de todo el país para que informaran si algunos de los tres jóvenes estaba a disposición de ellos.

En otro que ya terminó, el Juez falló a favor de las víctimas y ordenó a la Fiscalía General del Estado cumplir con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Artículo publicado el 31 de marzo de 2019 en la edición 844 del semanario Ríodoce.