Vestida de blanco, el color que se asocia a lo sagrado y a la pureza, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, encaró a los diputados de la llamada “Cuarta Transformación”.

En un hecho inédito, la representante de la ASE compareció ante el Pleno del Congreso del Estado, como señala la Ley de la Auditoría, para ser sujeta a una evaluación exhaustiva de su desempeño, así como de las acciones y programas emprendidos durante su gestión.

Por no existir funcionarios públicos en la cárcel y no haber presentado denuncias ante la Fiscalía, los diputados prácticamente sentaron en el “banquillo de los acusados” a Félix Rivera durante la comparecencia, la primera que se realiza bajo el nuevo marco legal.

El escenario se prestó. En una sesión tradicional, los diputados hubiesen estado reunidos en el Salón de Sesiones y la auditora hubiese tomado la palabra en tribuna, un sitio elevado en relación a la ubicación de las curules de los diputados. En cambio estaba al frente, al mismo nivel de las curules de los diputados, en el salón Constituyentes, el cual se convirtió en el recinto oficial porque técnicamente se tenía la posibilidad de presentar un informe con el apoyo de diapositivas.

Ahí el Grupo Parlamentario de Morena en voz de la diputada Cecilia Covarrubias advirtió sin miramientos a la titular de la ASE: “Si usted señora auditora no lleva a los tribunales a los responsables de este millonario desvío, no va comparecer por segunda ocasión en esta sala, porque lo que menos espera la sociedad es que la corrupción y su impunidad se acaben”.

De frente, los diputados de Morena le reclamaron a la auditora que no exista un solo funcionario señalado ante la Fiscalía por las apropiaciones indebidas de las cuotas obrero-patronales del Instituto de Pensiones de Sinaloa, o por el desvío reconocido ya acumulado en el ISSSTEESIN por casi mil millones de pesos.

En la lista de omisiones que ha incurrido la ASE, le señalaron las condiciones de credibilidad de sus informes de cuentas públicas con pasivos millonarios que tienen los Ayuntamientos por gastar sin control, la contratación de obra directa, omisión de licitaciones, pero que se aprueban por parte de la Auditoría Superior del Estado.

El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó las altas cifras de impunidad ante el desvío de recursos públicos.

Además de los reclamos por clarificar compras del gobierno estatal como la propiedad del edificio donde funciona la USE, el diputado pidió mayor revisión de los gastos del ingreso de libre disposición, el seguimiento de los precios unitarios de obra pública y de las acciones promovidas.

Avanzada la comparecencia, maestros agrupados en el movimiento “Somos Más que 53”, una ala disidente del SNTE 53, lanzaron consignas insistentemente sobre la clarificación de las cuentas de ISSSTEESIN y el castigo a los funcionarios que han incurrido en el desvío de los recursos que debieron haberse utilizado para la construcción de vivienda.

Vemos un modelo de fiscalización lento, aseguró el diputado de Morena, porque no hay avances en 93 denuncias y querellas, previo al ejercicio de 2017 por un monto de 999 millones de pesos.

“No existe voluntad política para revisar y, en su caso, aprobar o fincar responsabilidades de los resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas pública de 2008 a 2016”, aseguró.

En el salón convertido en sala de sesiones, un par de manifestantes llevaron carteles en donde se mostraron fotografías de la auditora con la leyenda “Imposible no ver lo que el pueblo ve”, sobre una fotografía ampliada de la auditora con los ojos cubiertos de una franja negra.

“Nuestro sistema no soporta más la estela de corrupción que ha salpicado a los diferentes niveles de gobierno”, sostuvo el diputado de la comisión de Fiscalización.

Pero los diputados de Morena no fueron los únicos en cuestionar el trabajo de la ASE; también se sumaron los partidos Acción Nacional (PAN) y el Partido de Trabajo (PT).

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, expresó su preocupación por el bajo desempeño que ha mostrado la fiscalización de la ASE en la revisión de los recursos públicos ejercidos por el Ejecutivo del Estado, los municipios y los entes públicos.

El también miembro de la Comisión de Fiscalización denunció que la información que estaba siendo presentada a los diputados por la titular de la ASE no concordaba con el informe en gestión financiera presentado por el secretario de Administración y Finanzas en la glosa del informe el pasado mes de enero.

Calificó como irrelevante que solamente la ASE haya presentado ocho observaciones a dependencias del gobierno estatal cuando existe un creciente endeudamiento a corto plazo que en el presente gobierno ya suman 5 mil 693 millones de pesos.

Además criticó que de acuerdo a los datos dela ASE, sólo se audite 23 de cada 100 pesos, y que en Sinaloa no exista un manual de auditoría de obra pública o un reglamento para las auditorías de desempeño, como sí existen en otras entidades.

“Por ningún motivo debemos permitir que intereses mezquinos intenten socavar a la ASE o tomarla por asalto. Tampoco que se le quiera convertir en instrumento para servir a los intereses políticos de un grupo o partido”, advirtió la diputada del PRI, Cecilia Moreno, al respaldar el trabajo de la Auditoría Superior del Estado.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI calificó a la ASE como un organismo técnico y apartidista que está cumpliendo con funciones esenciales como la transparencia y la rendición de cuentas.

Los diputados del PRI advirtieron que no están dispuestos a solapar ningún acto de corrupción y aseguraron les inquieta la existencia de pasivos sin fuente de pago, una práctica fuera de toda legalidad que pone en problemas a un gran número de pequeñas empresas que ofrecen bienes y servicios a los gobiernos estatal y municipales.

ASE, al límite de su competencia

Frente a los señalamientos por su actuación, la titular de la ASE se mantuvo firme en su respuesta. Su facultad no es enjuiciar y que había llegado hasta el límite su competencia.

Ante los diputados argumentó que la ponderación excesiva del elemento correctivo por encima del preventivo ha propiciado que la opinión pública cuestione los resultados de la fiscalización y mida en función del número de casos que han culminado en sanción para funcionarios públicos.

Los hallazgos, advirtió, deben ser usados como una fuente de información objetiva y neutral que puede dar lugar a modificaciones operativas, vinculadas con el control interno y políticas de integridad.

Frente a los señalamientos insistentes de los diputados por no existir funcionarios sancionados pese al desvío de recursos públicos, Félix Rivera explicó que su función es vincular información y evidencias, a partir del resultado de las auditorías, y hacer saber una posible comisión de irregularidades y fincamiento de responsabilidades a las instancias competentes.

Recordó que uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción fue evitar que la instancia sancionadora actuara como juez y parte, y suprimió así el procedimiento para el fincamiento de sanciones resarcitorias que tramitaba en el pasado la ASE.

La aportación de la ASE en los procedimientos de responsabilidades tanto administrativas como penales radica en la solidez y rigor técnico de sus revisiones, explicó durante la comparecencia que se extendió por una hora y media.

Artículo publicado el 24 de marzo de 2019 en la edición 843 del semanario Ríodoce.