A pesar de los altos índices delictivos, el Gobierno de Sinaloa no se gasta todo el dinero que entrega la federación para seguridad pública.
Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAPS) tuvieron que regresar 2 millones 360 mil 305 pesos que representan el 1.1 por ciento de los recursos aportados por el Gobierno Federal.
Del FASP de este año, hasta octubre tenía pendientes por ejercer 54 millones 500 mil pesos.
Información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública devolvió a la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos de 2017, más los intereses.
Ríodoce solicitó entrevista con el responsable de administrar el FASP, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Renato Ocampo Alcántar, pero no fue concedida.
El año pasado, el estado obtuvo 215 millones 518 mil pesos de este fondo.
Según la ASF, el Secretariado Ejecutivo reintegró los 2.3 millones de pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas en marzo pasado, pero la dependencia los devolvió a la Tesorería de la Federación en un pago en mayo y otro en junio; y en julio, los 988 mil 699 pesos por rendimientos financieros.
Los programas en lo que no se ejerció ese dinero fueron el de desarrollo y certificación policial, del que devolvieron un millón 700 mil pesos; para búsqueda de desaparecidos, en el que se presupuestaron apenas 500 mil pesos y devolvieron 300 mil; de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y acceso a justicia para mujeres, del cual regresaron 100 mil y en el de sistema de justicia penal se restituyeron 300 mil.
Para 2018, el Gobierno Federal asignó a Sinaloa 204 millones de pesos y el estado aportó 89 millones.
Hasta octubre de este año, de los 293 millones de financiamiento conjunto, el Estado todavía tenía pendientes por ejercer 54 millones de pesos. Hasta esa fecha se habían ejercido 161 millones y comprometido 77 millones.
Para prevención de delitos de alto impacto presupuestaron 4 millones 400 mil, pero no han ejercido ni comprometido un solo peso.
Esa cantidad debía ser usada para fortalecer las capacidades para la prevención y combate de delitos de alto impacto.
Para búsqueda de personas se destinaron 2 millones 400 mil pesos y solo habían ejercido 800 mil pesos para fortalecer la capacidad de atención de la Policía Ministerial a los llamados, solicitudes y reportes relacionados con la desaparición de personas y recursos para el traslado de los agentes en las investigaciones, así como el de víctimas y testigos.
Según el Convenio del FASP 2018, los recursos no ejercidos al 31 de diciembre deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
De acuerdo con la organización Causa Común, el FASP presenta problemas en el ejercicio de los recursos que impiden el uso eficaz.
En un informe publicado en septiembre, señala que uno de los indicadores que habla de la ineficacia en el uso de los recursos es el nivel de subejercicio que se presenta, ya que se encontró que, con un corte a abril de 2018, del monto del FASP de 2013 a 2017, los estados con mayor subejercicio son Veracruz, con 568.3 millones de pesos corrientes; Michoacán, que no gastó 320.9 millones, y Guerrero con 147.4 millones, estados que se encuentran enfrentando graves crisis de inseguridad.
Las causas de los subejercicios son múltiples; indica, sin embargo, hay dos factores que explican esta situación, primero, el ineficaz proceso de coordinación entre los actores encargados de administrar estos recursos, y segundo, la falta de controles en el ejercicio del gasto en las entidades federativas que permite los subejercicios, así como los desvíos de recursos.
Menciona que distintos funcionarios entrevistados, tanto a nivel federal como estatal, indican que el proceso de concertación de los recursos del FASP entre el SESNSP, las oficinas del Secretariado Ejecutivo en los estados, las Secretarías de Finanzas estatales, las Secretarías de Seguridad Pública o las Fiscalías no es lo suficientemente ágil para generar los anexos técnicos, sin los cuales no es posible realizar el ejercicio de los recursos del Fondo.
Esto se debe, explica, a que los estados deben reprogramar los recursos muchos meses después de la concertación para ajustar los montos a sus necesidades y en algunos casos, los anexos técnicos están listos en el último trimestre del año, lo que imposibilita un ejercicio eficiente y eficaz para satisfacer los objetivos del FASP.
La falta de controles en el ejercicio del gasto, así como la impunidad, son otros factores que han influido en los subejercicios y en el uso discrecional de los recursos del Fondo.
Señala que una práctica utilizada en algunas administraciones locales consiste en utilizar los recursos del FASP para cubrir necesidades financieras distintas a la seguridad; por ejemplo, la nómina de los servidores públicos.
De esta forma, el uso discrecional de los recursos del FASP se debe a la opacidad y la falta de controles efectivos en el ejercicio del gasto por parte de los propios estados; a la negligencia del SESNSP para monitorear el ejercicio de los recursos, y a la ausencia de penalización a los estados que presentan irregularidades en el ejercicio del mismo.
Causa en Común menciona que es necesario corregir los problemas en la ejecución de los recursos destinados a la seguridad pública por medio del FASP, y gastar mejor los escasos recursos con que el país atiende situaciones de inseguridad cada vez más críticas.
Artículo publicado el 23 de diciembre de 2018 en la edición 830 del semanario Ríodoce.
