La era de la prohibición, persecución y castigo del uso de cannabis en México está llegando a su fin. Aunque el paso es lento, en la última semana se precipitó por completo: La decisión de la Suprema Corte de otorgar un quinto amparo sobre la inconstitucionalidad del consumo recreativo crea jurisprudencia, y la presentación en el Senado de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis marcan el principio del fin a la prohibición.
El camino todavía será largo, pero la propuesta del nuevo gobierno que presentó como iniciativa Olga Sánchez Cordero —próxima Secretaria de Gobernación— plantea que desde el Estado se regule y controle el uso lúdico, autoconsumo, fines comerciales, terapéuticos, paliativos, científicos, y de investigación de cannabis.
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La iniciativa tiene 75 artículos, define las prohibiciones para su consumo y comercio, las condiciones para el autoconsumo, la conformación de cooperativas de producción, y todos los tipos de uso.
“El modelo que se propone impulsar es el modelo de regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, señala la propuesta.
La mariguana es la sustancia ilícita de mayor consumo en México y en el mundo, así lo señalan todos los estudios. El debate sobre su despenalización o liberación no es nada nuevo y aun así las posiciones permanecen enfrentadas. En los últimos cinco años el mundo entero dio un giro, la ola de legalización termina por imponerse. Los casos paradigmáticos de Uruguay y California, en los Estados Unidos, atrajeron la atención.
La iniciativa de Morena en el Senado podría ser el primer paso en firme sobre una definición clara del gobierno que está por encabezar Andrés Manuel López Obrador. En campaña fue evasivo con el tema de la legalización de drogas, hablaba de una consulta necesaria o de que la Corte trataba el tema para evadir lo verdaderamente trascendente en México: “No quiero que saquen de contexto mis propuestas, es una propuesta integral y me llevaría más tiempo explicar”, dijo López Obrador en marzo de 2018, cuatro meses antes de la elección.
La propuesta que la Senadora Sánchez Cordero puso en el debate contempla un organismo rector que tendrá “la absoluta rectoría sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización de cualquier forma del Cannabis y sus derivados”, dice el artículo 44. Lo denomina Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con facultades para regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema, incluso concentrar el padrón de productores.
Los motivos
La iniciativa expone que “la política prohibicionista ha traído la criminalización de un sector muy grande del país sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto”. Y refiere el número de personas que se encuentran en la cárcel por la portación de cantidades mínimas de cannabis.
Más aun, atribuye que la guerra contra las drogas “ha sido causa de una escalada en la violencia no sólo de los grupos criminales, sino de las propias autoridades federales”. Y menciona los datos recientes de homicidios en México.
Algunos especialistas no comparten que la legalización de cannabis se traduce en una disminución automática de los índices de violencia. Alejandro Hope, articulista de El Universal y analista en el tema de seguridad nacional, escribió al día siguiente de la presentación de la iniciativa, que por sí sola no es una política de seguridad. En Uruguay, Colorado y Washington no se muestra una reducción en las tasas de homicidios después de 2013, año en que se dio paso a un mercado legal y regulado. “Los datos disponibles no parecen validar la hipótesis de que el surgimiento de un mercado legal de cannabis tiene efectos notables sobre el número de homicidios”, escribió Hope.
No todo es verde
La iniciativa de Morena encendió focos rojos. Legisladores de PRI y PAN, ahora oposición en ambas cámaras, coincidieron en que no resolverá el problema de la delincuencia y el consumo, sobre todo “si no se implementan políticas públicas de prevención”, advirtió la diputada panista Adriana Dávila en el Canal del Congreso.
El PRI, por su parte, fijó un posicionamiento oficial el día de la presentación de la iniciativa: están a favor de la despenalización y “propone terminar con la criminalización del consumo, a partir de aumentar de 5 a 28 gramos las dosis máximas que la Ley General de Salud permite portar para consumo personal”.
La ley apenas se presentó al Senado como cámara de origen, faltarán muchos meses para su aprobación y otros más para su implementación.
Artículo publicado el 11 de noviembre de 2018 en la edición 824 del semanario Ríodoce.
