El Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, por la asignación de contratos irregulares para la construcción del Tiburonario de Mazatlán.
El juzgador consideró que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para presumir la probable responsabilidad del ex funcionario en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.
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En la continuación de la audiencia inicial celebrada esta mañana, el ex funcionario rindió su declaración.
En su declaración dijo que quienes firman el acta de fallo de los procesos de licitación no participan en la revisión de las propuestas técnicas y económicas.
Mencionó que son un grupo de técnicos quienes revisan las propuestas y determinan cuales son las que cumplen con los requisitos.
Una vez que determinan las propuestas que cumplen, indicó, emiten un dictamen de fallo, que deriva en un acta la cual firman los funcionarios de la Secretaría.
Aseguró que no tiene facultades para decidir las propuestas ganadoras.
“No decido a quien se le asigna una licitación”, dijo.
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El Ministerio Público intentó interrogarlo pero en dos ocasiones el imputado respondió que se reservaba su derecho a contestar por lo que el representante social desistió del interrogatorio, ante la “evidente” negativa que había para responder los cuestionamientos.
La Fiscalía acusa que José Luis, el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; y dos funcionarios más, hicieron una licitación a modo para la construcción del Tiburonario y avalaron a las propuestas de las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.
Las propuestas de las dos empresas, según la Fiscalía, incumplían con las bases de la licitación y el reglamento de la Ley de Obras Públicas por lo que debieron ser desechadas y no resultar ganadoras.
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Tras analizar los datos de prueba, el Juez determinó vincularlo a proceso.
Como medida cautelar, el imputado deberá acudir al Centro de Justicia Penal cada 15 días.
La Fiscalía solicitó una prorroga de plazo de investigación de cuatro meses, pero la defensa consideró que tres era suficientes.
La Fiscalía señaló que requería ese tiempo para elaborar un dictamen pericial de ingeniería, un peritaje de grafoscopía para autenticar las firmar de las actas de fallo y entrevistas, entre ellas una con el ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela.
