Uno de los proveedores de los colchones “podridos”, Francisco Benjamín Landgrave Buelna, promovió un amparo contra una posible orden de aprehensión.
Según la Fiscalía General del Estado, Landgrave y la empresa El Mariachi, fueron quienes vendieron los 2 mil colchones usados que fueron repartidos entre los damnificados por las lluvias de septiembre pasado.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, Landgrave solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión en un Juzgado de Distrito, el 23 de octubre pasado.
Ese día fue vinculado a proceso el Coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro, señalado de haber realizado la compra e imputado por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
El Juez concedió a Landgrave una suspensión provisional y fijó una fianza de garantía de 10 mil pesos.
Ayer, el Juez levantó la suspensión provisional y negó la suspensión definitiva por lo que de existir la orden de aprehensión puede ser ejecutada.
El Juez pidió informes a las autoridades involucradas para continuar con el juicio de amparo.
