Van más denuncias penales contra gobierno de Malova

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MALOVA. Sigue brotando la pus de su sexenio.

Confirma la ASE nuevos procesos contra Salud, ISSSTEESIN, Obras Públicas y Vialidad y Transportes

La investigación al gobierno de Mario López Valdez no termina. La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que presentará nuevas denuncias penales y ordenará que se abran sanciones administrativas contra ex funcionarios de la administración malovista en Salud, Obras Públicas, ISSSTEESIN y Vialidad y Transportes.

Los casos son polémicos y parten de denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas o sucesos de conocimiento público que originaron auditorías específicas elaboradas por la ASE en el último año.

Se trata de una auditoría a los últimos cinco años del ISSSTEESIN, iniciada a partir del reclamo del movimiento de trabajadores de la educación Somos Más de 53 y la investigación a la construcción del Tiburonario en Mazatlán, que comenzó luego del colapso de un acrílico en febrero de 2017.

También se profundizó en la asignación de contratos de obra pública a una red de empresas de amigos del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, revelada a través de una investigación periodística y la utilización de documentos apócrifos en el trámite de placas vehiculares en Vialidad y Transporte.

ECHEVERRÍA. Se asignó 29 contratos para él y sus socios.

Nuevas denuncias contra Echeverría

Aunque ya libró la primera, el ex secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, ahora se enfrentará a nuevos procesos por presunto conflicto de interés en la asignación de 29 contratos de obras públicas y adquisiciones, según reveló la auditora Emma Félix Rivera.

Luego de una investigación publicada por el periódico Noroeste en julio de 2017, la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría especial a los Servicios de Salud de Sinaloa durante el sexenio de López Valdez.

“Se constató un conflicto de interés en los Servicios de Salud de Sinaloa, se detectaron 29 contrataciones con conflicto de interés, principalmente en obra pública, son cuatro empresas constructoras. También hay conceptos de obra que no fueron ejecutados, volúmenes pagados de más, pero el hallazgo principal es en la adjudicación de los contratos”, explicó Félix Rivera.

Según la investigación periodística, Echeverría Aispuro asignó 29 contratos por 87 millones 243 mil 290 pesos a empresas que él fundó y también a otras que pertenecen a sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra, con quienes trabajó antes de ocupar cargos públicos.

Entre 2015 y 2016, la Secretaría de Salud otorgó 25 contratos por 46 millones 225 mil 807 pesos a las constructoras Santa Justa, Prefabricados Santa Justa, Advanti, Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart, una red de empresas relacionadas con la familia mochitense Salido, las cuales competían entre sí en los concursos de licitación, según el reportaje.

AUDITORA EMMA FÉLIX. ‘Las denuncias no han concluido’.

ISSSTEESIN, corrupción anunciada

El movimiento disidente Somos Más de 53 tenía la razón. Lo gritaron una y otra vez en el Congreso del Estado y fue hasta el 6 de junio de 2017 cuando los legisladores los escucharon y elaboraron un punto de acuerdo para que la ASE realizara una auditoría a la administración del ISSSTESIN.

Más de un año después, la ASE anunció que presentará denuncias penales y ordenará que se abran procesos administrativos en contra de los responsables por desvío de recursos del Fondo de Vivienda de los trabajadores y por otorgar jubilaciones irregulares, algunas de ellas a líderes sindicales.

Félix Rivera detalló que son 63 pliegos de observación y 158 promociones de responsabilidad administrativa derivada de la auditoría a la administración del ISSSTEESIN desde 2011 al 2016.

“Lo que pasó ahí es que el dinero que era para Fondo de Vivienda no se aportó, no se dio, se aplicó para pago de pensiones, eso es lo que dice el instituto, este dinero no lo aporté porque tuve que pagar pensiones, son alrededor de 900 millones de pesos de toda la auditoría a cinco años”, explicó Félix Rivera.

La auditora del Estado agregó que de forma aleatoria se revisó el procedimiento para la entrega de 160 pensiones, de las cuales se encontraron irregularidades en 152 pensiones. Destacó que este caso, el ente auditado no puede justificar la acción y deberá devolver el daño económico causado y en algunos casos se podrían hasta cancelar las jubilaciones.

“Es un tema que es muy difícil que se llegue a una justificación porque hay un incumplimiento a la ley y eso ya está determinado. Hay requisitos para otorgar una jubilación como edad, tiempo laborado, algunos se autorizaron sin que se cumplieran los requisitos y en los montos hay excesos.
Hay diferentes personas, se tomó una muestra, hay algunos líderes sindicales”, detalló la auditora.

TIBURONARIO. El colapso.

Tiburonario, ahora van denuncias contra el Estado

Luego del colapso en un acrílico del tiburonario de Mazatlán en febrero de 2017, el cual ha provocado que el atractivo turístico que recibió una inversión de más de 80 millones de pesos se mantenga inoperante desde hace año y medio, la Auditoría Superior del Estado anunció que concluyó su investigación y presentará denuncias contra ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

Por este caso, hasta el momento, sólo había procesos de inhabilitación contra los dos ex alcaldes panistas, Carlos Felton y Alejandro Higuera, quienes se defienden de la acusación en tribunales asegurando que la obra no fue responsabilidad del municipio, sino del gobierno del Estado que contrató cada una de las etapas de la obra.

Pero la auditora Félix Rivera explicó que en esta ocasión las denuncias serán contra los ex funcionarios responsables de la Secretaría de Obras Públicas del Estado que contrataron a constructoras que realizaron la obra de mala calidad y a quienes se les pagaron conceptos que en realidad no se llevaron a cabo, entre otros aspectos.

“Debido a la investigación que se realizó con lo sucedido el año pasado se adicionaron otro temas y están siendo revisados en área jurídica, pueden venir más denuncias penales contra la Secretaría de Obras Públicas y sus funcionarios”, enfatizó Félix Rivera.

MIL 032 EMPLACAMIENTOS. Con documentos falsos.

Placas apócrifas

La Auditoría Superior del Estado también presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los funcionarios que resulten responsables en la Dirección de Vialidad y Transportes por el emplacamiento de vehículos con documentación apócrifa.

Félix Rivera reveló que después de una denuncia en medios de comunicación se inició una investigación de 2015 a 2017 y se detectaron más de mil 032 expedientes de trámites realizados con documentos falsos para obtener placas vehiculares.

Este es uno de los procesos más avanzados, pues según detalló la auditora, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra en etapa de investigación para poner realizar una acusación formal ante un juez en los próximos meses.

“Previo al periodo vacacional presentamos una denuncia ante la Fiscalía que incluye cientos de trámites realizados con documentación apócrifa y que deberá estar siendo tramitada ya por las autoridades investigadoras de la Fiscalía”, explicó Félix Rivera. Agregó que también la Secretaría de Transparencia del Estado ha iniciado un proceso administrativo que podría resultar en la inhabilitación del servicio público de los funcionarios que resulten responsables.

En este caso se ventiló que los trámites con documentos apócrifos eran utilizados para emplacar vehículos con reportes de robo.

Félix Rivera enfatizó que además de los casos mencionados, anteriormente ya se habían presentado denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción por casos relacionados con la Secretaría de Agricultura del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas, todos correspondientes al sexenio de López Valdez.

Sin embargo, aseguró desconocer el avance que lleven ante la Fiscalía, a la cual le corresponde llevar los casos ante un juez.

“La presentación de denuncias no ha concluido”, dijo la auditora del Estado.

Artículo publicado el 26 de agosto de 2018 en la edición 813 del semanario Ríodoce.

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