Preocupa a Artículo 19 designación de titular de seguridad de Sinaloa

LEOPOLDO MALDONADO. Impunidad en espionaje por Pegasus.

‘Cuando la PGR se investiga a sí misma, poco hay que esperar’: Maldonado

El nombramiento de Inocente Fermín Hernández Montealegre como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), señalado como uno de los supuestos operadores del “malaware” Pegasus, preocupa a la organización Artículo 19.

Las acusaciones y la información referente al caso no han podido corroborarse con una investigación seria y exhaustiva, por lo que según el subdirector regional de la organización, Leopoldo Maldonado, eso vuelve doblemente preocupante la designación.

“Obviamente preocupa y preocupa mucho porque efectivamente, al poder estar vinculado en una investigación de una violación a los derechos humanos, pues tendría que haberse tomado en cuenta por parte del Gobierno del Estado al momento de designar al Secretario de Seguridad Público”, dijo Maldonado.

La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) deja más dudas que respuestas. Aquí, la lógica aplicada es simple. Cuando la institución investigadora se investiga a sí misma, poco hay que esperar.

“Sobre todo al ser una dependencia que como cualquier dependencia gubernamental pero en especial esa en el actual contexto, pues requiere de mayores estándares de confianza y que la ciudadanía pueda en algún momento dado sentirse segura que, quienes los encabezan son personas probas, con una ética profesional e institucional del más alto nivel”, añadió.

Con más de 70 denuncias ante la PGR por la operación de Pegasus y una investigación en la que aún no se deslindan responsabilidades, el “malaware” utilizado para espiar a activistas y periodistas tuvo su mayor auge durante la gestión de Hernández Montealegre.

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Según las investigaciones de Artículo 19 y de la organización Quinto Elemento Lab, fue a partir del 16 de abril del 2016 cuando el equipo de Pegasus fue devuelto al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano que ya entonces estaba bajo la tutela del General Inocente Fermín Hernández Montealegre.

“Sí preocupa, preocupa mucho pero yo creo que más bien estamos en el peor de los mundos, porque todo surge a raíz de investigaciones, de filtraciones, de información extraoficial, de información que no ha sido corroborada precisamente por la autoridad que tiene la responsabilidad de investigar de manera diligente, entonces si tenemos investigación y pues ahora tenemos la incertidumbre de qué capacidad y qué nivel de probidad tiene este funcionario público”.

Ahí, se dio la segunda y más intensa oleada de ataques. El abogado especialista en derechos humanos, señaló que ante la posible participación de espionaje ilegal contra periodistas y activistas por parte del CENAPI y una autoridad que permite la impunidad en el caso, la preocupación es el paso más obvio.

“Precisamente por la impunidad que impera en el caso, él como otros funcionarios de alto nivel, evidentemente van a seguir recorriendo dependencias Federales, Estatales y hasta Municipales sin que tengamos la certidumbre de su nivel de participación y de su nivel de responsabilidad precisamente por la falta de una investigación diligente”.

El sistema se infiltra en los celulares. Puede ser a través de un SMS y puede llegar a apropiarse de la cámara, el micrófono o de la totalidad del aparato. El objetivo es simple: vigilar a la víctima. El software fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group y adquirido por la PGR.

En total, fueron enviados 43 mensajes de texto con enlaces maliciosos a la lista de objetivos que incluyó a dos periodistas de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a la conductora de Aristegui Noticias, Carmen Aristegui y a su hijo Emilio Aristegui, al conductor de Televisa, Carlos Loret de Mola y al Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez”.

Pero la investigación oficial sigue sin pintar. Los datos con que se cuentan han salido por parte de ONG y trabajos periodísticos. Todos y cada uno de ellos desechados por la PGR.

“Lo más que tenemos, te digo, es información que no ha sido corroborada ni constatada en una investigación oficial, y eso evidentemente pues genera mucha incertidumbre a la ciudadanía”, concluyó.

Artículo publicado el 22 de julio de 2018 en la edición 808 del semanario Ríodoce.

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