El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó este viernes la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote, en medio de reclamos de organismos internacionales y sociedad civil que le pedían no avalarla porque fomenta y legaliza malas prácticas, y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.

Apenas el pasado 3 de mayo, en el marco del  Día Mundial de Libertad de Prensa, el colectivo #MediosLibres –conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– envió una carta abierta al Presidente Peña donde lo pedían no avalar la llamada #LeyChayote, aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado, informó Sin Embargo.

La Ley General de Comunicación Social fue promulgada este viernes por el Presidente Peña en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México”, señala el texto firmado por el Ejecutivo federal y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

La #LeyChayote entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Peña se ha gastado 40 mil millones de pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras indican que al final de su sexenio alcanzará los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México. Los organismos de la sociedad civil consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían demandado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus socios en el Senado de la República que tuvieran responsabilidad y no pasaran esa Ley, que básicamente deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos de pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que su aprobación atentaba contra la libertad de expresión.

A pesar de los llamados de alerta por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, la madrugada del 26 de abril los senadores aprobaron, con 60 votos a favor y 46 en contra, la Ley de Comunicación Social que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó legislar al Congreso desde noviembre de 2017.

Tras la aprobación, el colectivo #MediosLibres solicitó al Presidente Peña no avalar la legislación. En una carta abierta le recordaron su compromiso número 95 del “Pacto por México”: la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de los medios con fines publicitarios.

Sin embargo, seis años después y en la recta final de su sexenio, esta promesa se desvaneció. Hoy el Presidente, quien tenía la última palabra para no promulgar la legislación y regresarla a su Cámara de origen, la promulgó en el Diario Oficial.

Esta ley fue pasada a la fuerza por legisladoras sin escuchar las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y periodistas.

La sociedad civil proponían una iniciativa que integrara al proyecto de ley de Publicidad Oficial criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial, establecer controles presupuestarios, prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales, desaparecer la existencia de los mensajes que promueven la discrecionalidad y crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización.

De acuerdo con la organización Fundar, los 10 medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca, que ha obtenido 3 mil 939 millones; Starcom Worldwide (EU), con mil 298 millones de pesos; Estudios Churubusco Azteca, que recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, con mil 045 millones; El Universal, con mil 007 millones; Excélsior, al que le dieron 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México), que ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones, con 351 millones, y SPR del Estado Mexicano, con 693 millones 344 mil.