Por considerarlos “traidores al bien común”, la agrupación Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa lanzó un boicot a las aspiraciones reeleccionistas de los diputados de la Sexagésima Segunda (LXII) Legislatura local.
A la par, agrupaciones civiles como Movimiento Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Mexicanos Primero Sinaloa, Asociación Cívica Cultural “Agustina Ramírez”, Comisión de Defensa de Los Derechos Humanos en Sinaloa y Centro Empresarial de Sinaloa, Sindicato Patronal, y ocho particulares más, interpusieron en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa una demanda de omisión legislativa por mantener en el “congelador” al menos tres iniciativas civiles: la Ley de Movilidad Urbana, Seguridad Vial y una reforma al Artículo 70 del Reglamento del Congreso del Estado.
La denuncia a los indiciados se presentó en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, sede de la LXII (62) Legislatura, el 22 de marzo a las 16:00 horas.
Guillermo Padilla Montiel, José Francisco Villegas y Antonio Galaviz Oláiz, presidente, secretario y miembro, respectivamente de la agrupación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, aseguraron que el Congreso del Estado es similar a la “carabina de Ambrosio” cuando se trata de legislar sobre bien común e intereses ciudadanos, pero eficientes cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel da línea sobre propuestas de su interés. “Son lacayos del gobernador”, precisaron.
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Además, ahondaron, son “cínicos, desvergonzados, hipócritas porque aún se consideran viables para una reelección (Juan Pablo Yamuni, María Fernanda Rivera Romo, Jesús Antonio Marcial Liparoli, y 24 más). Debemos demostrarles su verdadero valor, vetándolos, boicoteando su ansiado retorno al Congreso, en donde causarán más perjuicios que beneficios. Ninguno de los que buscan la reelección resulta inocente en juicio público, porque son indefendibles”.
Padilla y Villegas coincidieron en que la actual legislatura fue la más represora en la historia, y para vergüenza de género fue encabezada por una mujer: Irma Tirado.
“A pesar que el sueldo proviene de dinero público y éstos de los impuestos a contribuyentes, los diputados dispusieron convertir en bunker el Congreso y restringir la entrada a los patrones: los ciudadanos. Fue tan férrea la prohibición, que nadie podía meter ni siquiera una carpeta”.
Antonino Galaviz Oláis, un detractor del panismo local, consideró que los que buscan la reelección son una carga social, incluyendo la partidocracia que los produjo porque “ahora más que nunca se demostró que obedecen a sus intereses y que las propuestas ciudadanas son poca cosa, desechables o ignoradas por sus propios partidos”.
Recordó que la agrupación envió a cada partido algunas propuestas ciudadanas, pero las desecharon en automático. “Es lamentable el PRI y sus partidos satélites que sólo sirven al gobierno en turno. Funcionan como una pandilla en el poder, inútiles socialmente”.
Insurrección Indígena: voto de castigo
Mientras organismos civiles van contra los diputados “chapulines”, nativos locales afiliados al Consejo Supremo Estatal de Kobanaros e Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa tomaban la sede municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y amenazaban con obstruir las campañas electorales en su territorio y voto de castigo en contra de los candidatos oficiales por relegarlos de los puestos de elección popular.
Serían 40 mil votos menos para los candidatos del PRI distribuidos en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa y Angostura, contabilizaba el dirigente Librado Bacasegua Elenes.
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Apostado frente a la puerta del partido, a la que colocó una cadena de acero y un candado y flanqueado por kobanaros, Bacasegua Elenes justificó el bloqueo porque los dirigentes “Yori”, porque los relegó de los puestos de las regidurías, pese a que enviaron propuestas a ser consideradas.
“Simplemente nada respondieron. Nos ignoraron, marginaron, pisotearon nuestros derechos electorales, y decidieron beneficiar a los hijos de los políticos. Nos cansaron. Sin beneficios, no hay trabajo, no hay voto”, dijo.
Reynalda Leyva Urías, de Vallejo, sostuvo que para el PRI el indígena nada más cuenta en la elección, y después es ignorado.
“Quedamos lilas trabajando en el rayo del sol, y no nos dan ni un kilo de menudo. Cuando ganan, nos cierran las puertas de las oficinas en las narices. No, así no vamos con ellos”.
Crescencio López Bacasegua afirmó: “Mi gente está hasta la madre con los hijos de los políticos, de un puñito de cabrones que nos pisotea, que nos mata de hambre, que nos obliga a la ignorancia. Estamos cansados de ser excluidos de los programas de Didesol, de Invies, de todos lados. Tenemos piso de tierra, techo de estrellas y paredes de adobe. Se come lo que se puede, no hay despensas, no hay trabajo, no hay siembra. Sin beneficios, no hay votos”. Y el plantón continúa.
Artículo publicado el 8 de abril de 2018 en la edición 793 del semanario Ríodoce.
