La Fiscalía General de Schleswig-Holstein solicitó este martes, ante el Tribunal Regional Superior, la extradición a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación y pidió mantenerlo en prisión por “riesgo de fuga”.

De acuerdo al diario El País, ahora, la decisión última será de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische que tiene un plazo de 60 días, prorrogables otros 30. En el caso de que la defensa presente recurso, el proceso se alargaría.

La acusación de rebelión contra Puigdemont, quien se encuentra recluido en la cárcel de Neumünster, la fiscalía la sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos.

El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia “en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición”. Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que “no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes”.

Con respecto a las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción, dos delitos que fueron supuestamente cometidos por el ex gobierno catalán para poder llevar a cabo el referéndum sececionista del 1 de octubre de 2017, la fiscalía considera que son comparables a la figura delictiva de malversación que contempla el código penal alemán, otro argumento legal que puede facilitar la extradición.

Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, “a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre” por lo que, según la fiscalía, “se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum”. Aun así, sostiene el comunicado, “el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum”.

La fiscalía recoge cómo los costos de dicho referéndum en 1.6 millones de euros, según las autoridades españolas. “Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas”

Comunicado de la Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein

Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.

“No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles”, sostuvo.

Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.

“Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga”, subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.

El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido hace poco más de una semana en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español, que lo investiga por rebelión y malversación.

El lunes de la semana pasada, la justicia alemana decidió mantenerlo en la cárcel de Neumünster, en el norte del país, mientras estudiaba su posible entrega a España.

Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera.

El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la justicia española hace cinco meses, tras una visita de dos días a Finlandia, donde había dado una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses.

Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.

Durante su estancia en la cárcel, ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.