El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró contar con fuertes elementos para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa, fueron torturados para inculparse y señalar a otros posibles responsables, y son víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del gobierno federal.

En estos actos de violencia e irregularidades habrían incurrido elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón; así como efectivos de la Policía Federal y de la Marina, publicó La Jornada.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó una investigación en la que documentó las violaciones a las garantías de los procesados durante las investigaciones por el caso. El informe de ese trabajo, titulado Doble injusticia, se presenta en Ginebra, Suiza, por parte del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein; y en la Ciudad de México, por el representante en el país de esa Oficina, Jan Jarab.

El reporte detalla que, con base en análisis de los casos de 34 personas procesadas (33 hombres y una mujer), la ONU-DH “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos unamos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

Se documentó que en estos 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme”, que incluyó, entre otras, detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del ministerio público de la PGR, actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión.

Uno de estos casos, agrega la ONU-DH, es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR realizó en el Río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, al cual estuvo encabezada por Zerón.

“En los 34 casos analizados, agrega la ONU-DH, las personas detenidas presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de tortura. Los hallazgos encontrados a partir del expediente (de investigación) corroboran las declaraciones de los 34 detenidos entrevistados por la Oficina”.

Los detenidos fueron transferidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR, y ahí siguieron los actos de tortura con el objetivo de obtener una declaración posterior ante el agente del ministerio público.

“Algunas de las declaraciones auto-inculpatorias habrían sido utilizadas como base para los actos presentados contra las personas detenidas y para las acusaciones contra otras personas”.

La Oficina de la ONU subraya que los involucrados en estas violaciones a garantías son personal de la PGR, principalmente de la Seido y de la AIC, personal de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

La ONU-DH “encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero”. Esta instancia internacional asienta que hasta el momento no ha recibido ninguna información sobre alegaciones de tortura durante la posterior detención de las personas acusadas en prisiones federales.

En torno a las diligencias de a PGR en el Río San Juan, realizada en 28 de octubre de 2014, la ONU-DH halló un conjunto de irregularidades. Señala que “fue conducida en violación al debido proceso y garantías judiciales”. Es de recordar que esta diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hallan dado a conocer la llamada “verdad histórica”, en la que se argumentó que los 43 normalistas habrían sido asesinados y calcinados en en basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a este río.

La Oficina en México de la ONU asegura tener fuertes elementos de convicción para considerar que Agustín García Reyes (uno de los 34 casos de detenidos documentados en este informe) habría sido detenido arbitrariamente y torturado antes de esta diligencia. También acreditó que fue llevado al Río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC de la PGR, Tomás Zerón, aunque este funcionario no tenía mandato legal para hacerlo.

“En este caso las implicaciones van más allá de los hallazgos de tortura, detención arbitraria y otras violaciones en contra del detenido en cuestión. La diligencia en el Río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015, en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, subraya el informe de esta instancia de la ONU.

La ONU-DH critica la ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas aquel día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río y la “falsa” declaración del entonces director de la AIC en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el Río San Juan.

En el informe se asienta que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esta etapa de la investigación por el caso Ayotzinapa no han sido atendidas de forma diligente por parte de la PGR.

Estos hallazgos, sostuvo, “muestran la necesidad de una acción renovada por parte de las autoridades, particularmente de las encargadas de la procuración de justicia, para evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento. En la medida en que los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también en derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Con base en lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado lanza una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

En particular a la PGR la exhorta a realizar, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritas; incorporar la metodología de análisis de contexto en la investigación por atas violaciones para lograr la correcta identificación de patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; entre otras.

Al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, la ONU-DH lo exhorta a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad. “Este Consejo debería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.

Al Legislativo se le insta a adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantices de manera efectiva la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República, que incluya órganos de control interno u procesos de rendición de cuentas. Entre otras dirigidas a otras instancias del Estado.