Modificaciones en nueve artículos de la Ley de Seguridad Interior, entre ellos eliminar la disposición que permite al Ejército disolver manifestaciones y protestas sociales, fueron realizadas por senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que integran las comisiones dictaminadoras.
La Jornada informó que se pretende aprobar este miércoles el dictamen en comisiones y votar esa legislación ante el pleno del Senado el próximo jueves, para regresarla de inmediato a la Cámara de Diputados.
La intención es que el viernes se discuta en San Lázaro, los diputados la aprueben y la minuta pueda turnarse al Ejecutivo federal para su promulgación, justo en el cierre del periodo legislativo, según adelantó por la tarde el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Expuso que los cambios son para tratar de dar respuesta a las inquietudes expresadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, gobernadores y especialistas.
Por la noche, las comisiones de Gobernación, Marina y de Defensa Nacional, que encabezan los priístas Cristina Díaz y Ricardo Barroso, y el panista Fernando Torres Graciano, respectivamente, se pusieron de acuerdo en nueve cambios. Entre ellos, al artículo primero, que elimina el que las disposiciones de esa ley sean materia de seguridad nacional.
El artículo 7, uno de los más cuestionados por organismos internacionales y nacionales, tuvo diversos cambios para asentar que los actos realizados por los militares “deberán respetar, proteger y garantizar, en todo momento, y sin excepción, los derechos humanos, de conformidad por lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales”.
Del artículo 8 se eliminó el que sólo las manifestaciones o movilizaciones de protesta social que tengan un motivo político electoral y que se realicen pacíficamente, quedarían fuera de ser consideradas amenazas a la seguridad nacional.
En la redacción propuesta se elimina el término pacíficamente, por lo que todas las manifestaciones y las protestas electorales quedan fuera del riesgo de ser disueltas por el Ejército.
Se adiciona un párrafo al artículo 16 para indicar que “las fuerzas armadas actúan como coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación”.
Se cambian también los artículos 22 y 26, que según lo planteado un día antes por el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, invadían facultades de los estados.
El coordinador priísta rechazó que los cuatro días que restan al periodo sean insuficientes para analizar las posibles modificaciones que han formulado organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Tenemos cuatro años viendo esta ley”, recalcó Gamboa Patrón e insistió en que “van a hacer un esfuerzo porque la minuta se vote el jueves, aunque sea en la madrugada”, para que pueda aprobarse en la Cámara de Diputados.
En entrevista aparte con La Jornada, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, precisó que su bancada pidió que se revisen de forma detallada los artículos 7, 8, 9 y 20.
No se incluyó el artículo 15, que según un documento que el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Jan Jarab, entregó al Senado, es uno de los más cuestionados, ya que posibilita que la presencia de las fuerzas armadas sea indefinida en algún estado o región.
Las comisiones dictaminadoras se reunirán este miércoles por la mañana, para discutir los cambios.
