Los abogados del ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, no pudieron evitar que lo vincularan a proceso penal.

En la continuación de la audiencia inicial, el lunes pasado, el Juez determinó que había elementos de prueba suficientes para presumir la comisión del delito y lo vinculó a proceso.

Los defensores solicitaron al Juez llamara a declarar a las auditoras, a una perito contable y a una agente investigadora con la intención de conseguir testimoniales que favorecieran al acusado y dictara auto de no vinculación a proceso, pero las testimoniales ayudaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a confirmar sus acusaciones.

También te puede interesar: Echeverría, con un pie en la cárcel https://goo.gl/UGdyWM

El ex funcionario será procesado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por autorizar de manera irregular pagos por 8 millones 651 mil 798 pesos.

En la primera parte de la aud

iencia inicial, el miércoles 22, el Juez le concedió la libertad condicional.

La audiencia continuó el lunes 27 y la defensa no pudo lograr que le dictaran auto de no vinculación a proceso.

Durante la audiencia de más de casi cinco horas, declararon cuatro auditoras de la Auditoría Superior del Estado, una perito contable de la FGE y una agente investigadora de delitos patrimoniales.

Las seis mujeres fueron llamadas por el Juez por solicitud de los abogados de Pineda Ochoa para aportar pruebas a favor del acusado.

Los abogados defensores las cuestionaron sobre las fechas de la auditoría, los servidores públicos de turismo que participaron en ellas y los documentos que revisaron.

Las declaraciones sirvieron para ratificar lo que acusa la fiscalía: que no hubo contrato, no hubo proceso de licitación y tampoco constancias de que las campañas se hayan realizado.

De acuerdo con las imputaciones, Pineda Ochoa fue quien autorizó los pagos; el ex Secretario quien los ordenó y el ex Director Administrativo quien los revisó.

Las auditoras dijeron que la Auditoría se realizó entre el 27 de febrero y el 17 de marzo de este año y revisaron el periodo del último semestre de 2016.

Las contadoras señalaron que revisaron facturas, pólizas de cheques y estados bancarios.

También te puede interesar: Rafael Lizárraga, el prófugo generacional https://goo.gl/YWJhZT

Todas coincidieron en que hacía falta el contrato, el expediente del proceso de licitación y constancias del servicio que prestaron las empresas.

Por los montos que se pagaron, mencionaron las cuatro, se debió haber hecho una licitación.

Los abogados defensores señalaron que hubo omisión de parte de la Secretaría de Turismo al no entregar el contrato, pero no aportaron evidencias de que el documento existiera.

El Fiscal señaló que además las empresas a las que se les pagó no están en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.

También mencionó que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas notificó al acusado que había iniciado un procedimiento administrativo en su contra para que subsanara las observaciones, pero no respondió.

También te puede interesar: Gerardo Vargas, buscando el pacto salvavidas https://goo.gl/ogzyHo

Para tratar de demostrar que al ex funcionario no lo podían acusar del delito de ejercicio indebido del servicio público, los abogados defensores invocaron dos tesis aisladas dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que se trataban de resoluciones de casos similares.

El juez las rechazó y señaló que las tesis aisladas son criterios que sirven para orientar, pero no son obligatorias.

La Fiscalía solicitó un plazo de tres meses para investigación complementaria mientras que la defensa argumentó que uno era suficiente y finalmente el Juez decidió otorgar dos.

La FGE tiene hasta el 27 de enero de 2018 para obtener más evidencias contra Luis Ángel.