Artículo 19 pelea en la Corte para regular publicidad oficial
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un amparo para que se obligue a regular el pago de publicidad oficial a medios de comunicación, la administración de Quirino Ordaz Coppel habrá pagado este año a la prensa 24 millones de pesos por difundir sus actividades.
Tan sólo en el primer semestre, el gobierno del Estado ya entregó casi 8 millones de pesos a 52 medios formales y también a periodistas que difunden información gubernamental a través de sus redes sociales.
Desde 2014, la Asociación Civil con presencia mundial “Campaña Global por la Libertad de Expresión A19”, conocida como Artículo 19, presentó un amparo para obligar al Congreso de la Unión a que regule la publicidad oficial en México, mismo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será discutido y en su caso aprobado el próximo 15 de noviembre.
Artículo 19 expone en sus alegatos jurídicos que los gobiernos utilizan la asignación de recursos públicos de manera discrecional y opaca para “premiar” líneas editoriales complacientes, generando así una forma indirecta de censurar la libertad de expresión.
La lucha legal de la asociación se da en un contexto en el que las agresiones contra la prensa en México lo han convertido en el segundo país más peligroso para ejercer la libertad de expresión, solo superado por Afganistán. En lo que va de 2017, 11 periodistas han sido asesinados y sus crímenes siguen impunes.
Malova pagó 165 mdp a medios
Los últimos seis años en Sinaloa, los del gobierno de Mario López Valdez, fueron los más “bondadosos” con la prensa local.
En el sexenio de Malova, la Coordinación de Comunicación Social llegó a entregar hasta 29 millones de pesos anuales a la prensa, bajo el argumento de difundir los programas y actividades gubernamentales.
En 2011, su primer año de gobierno, López Valdez repartió contratos con prensa, radio y televisión por 29 millones de pesos, cantidad que se incrementó drásticamente comparado con los 22 millones de pesos ejercidos en 2010 por el gobierno de Aguilar Padilla.
De acuerdo con los presupuestos anuales de 2011 a 2016, López Valdez fue aminorando poco a poco el gasto y cerró el 2016 con un presupuesto de 28 millones 810 mil pesos.
Para 2017, la administración de Ordaz Coppel redujo sustancialmente el presupuesto en Comunicación Social y lo bajó hasta 24 millones 262 mil 988 pesos, de los cuales 7 millones están asignados para la prensa, 10 millones 717 mil pesos son para radiodifusoras y 4 millones 677 mil pesos para televisión, así como un millón 688 mil pesos para gastos diversos en medios de comunicación.
Hasta septiembre de 2017, Ordaz Coppel había pagado los montos más altos para las televisoras, entre ellos TV Azteca S.A. de C.V., que recibió pagos por un millón y medio de pesos y TV de Culiacán S.A. de C.V. (Canal 3) a la cual se le entregó un millón de pesos.
A las televisoras le siguen el periódico Noroeste o Sistema Periodístico de Sinaloa S.A. de C.V. con 521 mil pesos y Radio Fórmula o Radio América de México S.A. de C.V., con 413 mil pesos.
De acuerdo a una solicitud de información y al reporte de destinatarios de recursos públicos que muestra en el portal de transparencia la Coordinación de Comunicación Social, el resto de los cheques que se han pagado hasta septiembre de 2017 van desde los siete mil pesos hasta el millón y medio de pesos.
Existen entre los beneficiados, periodistas que no representan a ningún medio formal, sino que cuentan con portales web y/o páginas de Facebook en donde se publican los boletines que difunde la Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué analiza la SCJN?
En el amparo, Artículo19 señala que no existe un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución, el cual permite a las autoridades de gobierno contratar propaganda con fines institucionales, informativos y de orientación social pero sin ninguna regla.
Tras la reforma político electoral de 2014, se obligó al Congreso de la Unión a legislar en este tema pero el Congreso fue omiso, por lo que Artículo19 presentó un amparo que fue rechazado en una primera instancia por un Juzgado de Distrito que consideró que se trataba de un tema que violentaba derechos políticos electorales.
Sin embargo, Artículo19 reclamó que se trata de una regulación que puede acabar con mecanismos de censura ejercidos contra la prensa desde los gobiernos federales y estatales.
“Esta omisión provoca que las autoridades utilicen los recursos públicos destinados a dicho fin de manera discrecional y opaca y genera medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresión, prensa e información al hacer la asignación del recurso para ‘premiar’ ciertas líneas editoriales complacientes”, señaló Artículo19.
Fue así que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y se le turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea bajo el expediente 1359/2015, quien ya elaboró un proyecto de sentencia y será discutido el próximo 15 de noviembre.
El proyecto de sentencia plantea que el amparo de Artículo19 sí procede contra las omisiones legislativas y señala que el Congreso de la Unión no cumplió con el transitorio de la reforma constitución de 10 de febrero de 2014 (reforma político-electoral).
“La falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias se constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión. Para la Primera Sala de la Suprema Corte, la ausencia de esta regulación propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos, o simplemente se amenace con restringirlo, a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno”, detalla el magistrado en su proyecto de sentencia.
