Con el voto a favor de 31 diputados, el Congreso del Estado eligió a Ricardo Aguilasocho Rubio como magistrado de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, mejor conocido como “Magistrado Anticorrupción”.
La terna enviada por el gobernador incluyó también a María Cháidez Zepeda que sólo sumó dos votos y Jaime Salomón Haríz Piña, sin voto alguno. La votación registró dos sufragios en abstención.
Previo a la votación, el diputado panista Juan Pablo Yamuni expresó que la ciudadanía planteó que el proceso de elección del magistrado debió haberse abierto y sido más transparente.
El panista señaló también la necesidad de que la terna debió considerar la socialización de las propuestas con grupos interesados en el tema y universidades.
Tras la votación, el Congreso del Estado tomó protesta al magistrado, quien se encontraba en el edificio del Palacio Legislativo.
Ricardo Aguilasocho es licenciado en Derecho y Notario Público en Guasave.
La designación se realizó pese a que el pasado martes, Iniciativa Sinaloa solicitó que se transparentara el proceso antes de la votación.
“El nombramiento es pieza fundamental para el Sistema Estatal Anticorrupción, por eso en Iniciativa Sinaloa nos hemos dado la tarea de revisar el proceso, y hemos detectado seis oportunidades de transparencia y rendición de cuentas que si son atendidas, ayudarán a generar más confianza en el nombramiento del llamado ‘Magistrado Anticorrupción'”, resaltó Silber Meza, presidente del organismo ciudadano.
Los puntos que se pidieron hacer públicos fueron: los expedientes que acrediten las experiencias y trayectorias profesionales de los aspirantes, así como sus hojas de vida, las cartas de idoneidad que debió enviar el Ejecutivo al Legislativo donde justifica las propuestas de perfiles, los documentos que comprueban que los candidatos que integran la terna cumplen con los requisitos legales establecidos.
Además los resultados de las evaluaciones de los aspirantes que fueron valorados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la apertura a la ciudadanía de las sesiones donde se delibere la selección del ‘Magistrado Anticorrupción’ y el dictamen de la decisión final debidamente fundado y motivado.
“Los seis puntos se hallan fundamentados en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa”, señaló Meza.
“El Estado necesita un Sistema Anticorrupción pleno, eficaz, con perfiles que hayan demostrado sobrada capacidad y experiencia en las áreas para las que son elegidos. Por eso solicitamos al Poder Legislativo que dé a conocer la información con base en los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto, que incluye el derecho a la información, la accesibilidad, la difusión, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el conflicto de intereses, entre otros”.
