domingo, noviembre 28, 2021
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  • Dias de Impunidad

Contra Malova ‘no tenemos nada’: admite gobierno de Ordaz Coppel

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El ex gobernador no se encuentra entre los nueve ex funcionarios investigados

 

Contra Mario López Valdez, ex gobernador de Sinaloa, no hay procedimientos administrativos, ni posibles denuncias penales por el uso irregular de 2 mil 164 millones de pesos, admitió la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual esta mañana dio una rueda de prensa para revelar que investiga a nueve ex servidores públicos.

A pesar de que las autoridades se negaron a proporcionar nombres de los ex funcionarios contra quienes se abrieron procedimientos de responsabilidades administrativas, sí fueron enfáticos al señalar que el nombre del ex gobernador mochiteco no se encuentra entre los probables responsables por el daño al erario.

Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, respondió a una pregunta directa de la prensa de si el ex mandatario estaba en la lista de nueve ex servidores públicos, a quienes se han llamado a rendir cuentas.

–¿En estos tres expedientes que dice, cuántas personas involucradas hay?.

Los procedimientos administrativos que se iniciaron implican al menos, hasta ahora hemos llamado a procedimiento a nueve ex servidores públicos.

–¿Malova está entre ellos?

No podemos dar información.

–¿Pero esos nueve son de cuestión penal o administrativa?

La cuestión administrativa, la parte penal se va a analizar en conjunto por la parte jurídica de Gobierno del Estado, para en su caso formule las denuncias o querellas respectivas, como lo informó la secretaria.

–¿Pero Malova sí está?

De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova.

 

En rueda de prensa, Guadalupe Yan Rubio, titular de Transparencia y Rendición de Cuentas dio lectura a un informe de resultados, luego de seis meses de haber revisado las condiciones en las que se recibió la administración pública.

Entre las irregularidades se detectó el faltante de 667 millones de pesos en las cuentas bancarias del gobierno de Sinaloa y una deuda de mil 934 millones de pesos por cuotas de trabajadores que no se entregaron al Instituto de Pensiones, ni al ISSSTESIN. Además de facturas apócrifas y contratos de obra pública en terrenos que no eran propiedad de gobierno, entre otros.

 

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