El año 2016 será una prueba de fuego para el gobierno de México, partidos políticos, instituciones electorales, empresarios y las iglesias de las distintas religiones. Pero sobre todo será una prueba de fuego para los ciudadanos que viven en los 12 estados donde habrá comicios para elegir a un nuevo gobernador, congresos locales y ayuntamientos: Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y Sinaloa. Estos comicios involucraran a más de 25 millones de electores, según los padrones nominales actuales.

No es por restar importancia a las elecciones en cada estado, pero los comicios de Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Chihuahua, éstos últimos ubicados en el llamado “triángulo dorado”, punto neurálgico de producción y tráfico de drogas,  sin duda serán cuatro laboratorios muy importantes a los cuales hay que poner atención por varias razones. La más evidente: el poder e influencia del crimen organizado.

Los cárteles de la droga desde hace varios años no se contentan con sobornar a funcionarios de menor nivel que llegan al poder y así  obtener protección y canonjías, sino que prefieren desde las candidaturas a puestos de mayor nivel y toma de decisiones, apostar a diferentes opciones y así cuando lleguen al poder estén totalmente plegados a sus intereses criminales, o sean fácilmente amoldables a ellos. Este interés de influir no sólo se limita a las candidaturas a gobernadores, sino también a diputados locales y presidentes municipales.

En 2016 sin duda habrá una disputa de los cárteles por estas cuatro gubernaturas. Su intervención podría ser francamente abierta o con un bajo perfil, pero la habrá y aquellos que observen bien podrán detectar y prever sus movimientos. Organizaciones criminales que lograron colocar a sus candidatos o personas afines a ellas buscarán mantener el control político, aquellos rivales buscarán imponer a los suyos.

Los partidos políticos son parte de eso. De acuerdo  con la información que he obtenido a los largo de una década investigando las redes entre los cárteles, gobernantes y empresarios en México, cuando se trata de un candidato (a) vinculado familiarmente o favorecido por  algún miembro del crimen organizado, los miembros con nivel de dirigencia en los partidos que toman la decisión de aceptar o apoyar la candidatura de alguien, generalmente saben de esos vínculos y  en vez de cerrarles el camino los dejan participar e incluso ganar puestos de elección popular.

Los empresarios que apoyan económicamente campañas políticas en algunos casos saben en realidad qué están apoyando cuando apoyan a un candidato con vínculos con algún capo o cártel, y si no, deberían investigar antes de poner su dinero en el lugar equivocado. Los donativos legales que llegan a las campañas sirven para disimular los recursos de procedencia ilícita o desconocida. Hoy para hacer estos enjuagues financieros en las campañas electorales, se necesita de alguna empresa o entidad legal que se preste a hacerlo.

El caso del Monexgate y el dinero de procedencia inexplicable que se usó en 2012 en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, es un claro ejemplo de esto. El candidato de la coalición Compromiso por México rebasó por más de 4 mil millones de pesos el tope de gastos de campaña según los resultados de la comisión especial creada en la cámara de diputados para investigar el caso, dados a conocer en marzo de 2014. Usó un esquema de financiamiento oculto a través de tarjetas de prepago Monex, las cuales presuntamente fueron usadas de manera masiva para la operación electoral de la jornada de votación y compra de votos.

Otro caso emblemático es el de la campaña presidencial del candidato panista Vicente Fox, en el año 2000. Durante su campaña usó un esquema de triangulación de recursos para su campaña, a través de la organización civil Amigos de Fox. El candidato de la llamada Alianza por el Cambio recibió 91 millones de pesos en un esquema paralelo al financiamiento que llegaba por su partido político. De esos millones, cerca del 30 por ciento nunca se supo quién lo donó.

Las instituciones electorales no están preparadas para detectar ni resolver qué hacer cuando un candidato está vinculado al narcotráfico, ni tampoco cuándo su campaña está recibiendo recursos de procedencia ilícita. Las auditorías que se practican en las campañas no son en tiempo real, son dilatadas y en la gran mayoría de los  casos —a menos que haya una consigna— son bastantes negligentes. Y después, aunque se detectan rebase de topes de campaña con recursos de procedencia inexplicable, no existe sanción hacia el candidato electo de esa forma, ni pérdida de registro contra los partidos políticos que lo permiten.

En el caso Monex, en la campaña de Peña Nieto el Instituto Federal Electoral –hoy INE- exoneró al PRI y después de varias resoluciones para no cobrarle ninguna multa para salvar la cara, le impusieron  una sanción de 169 millones de pesos.  En el caso de Amigos de Fox, el IFE le puso una multa de 399 millones de pesos. Para ambos candidatos la sanción resultó muy barata y nunca hubo realmente una investigación para saber si el dinero de origen desconocido venía del crimen organizado.

Ni Peña Nieto ni Fox fueron removidos de sus puestos, la ley electoral no contemplaba eso, y continuaron siendo presidentes con la sombra del dinero del narco encima. Curiosamente a los dos se les “escapó” Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, de una cárcel de máxima seguridad.

En medio de toda esta nebulosa situación entre cárteles, candidatos, partidos e instituciones electorales corruptas o ineptas, están los ciudadanos. Los electores muchas veces con poca información e interés terminan votando por el candidato que regaló la torta, que trajo a la mejor banda para el concierto de cierre de campaña, o el que más salió en la televisión o las noticias, pero pocas veces reflexionan o investigan realmente por qué o por quién está votando cuando con su puño pone una marca sobre el nombre y logotipo del partido en la boleta electoral.

Como ciudadanos tenemos la obligación de saber si con nuestro voto estamos entregando el estado en el que vivimos a la delincuencia organizada; si lo hacemos, con ello entregamos nuestra casa, nuestras familias y nuestra tranquilidad.