El 29 de octubre de 2014, apenas unas semanas después del ataque contra los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron citados a declarar ante la  Procuraduría General de la República  el entonces fiscal general  de Guerrero, Iñaki  Blanco Cabrera, y el subprocurador  Ricardo Martínez Chávez. Lo que dijeron no se ajustó a los planes del gobierno federal y por eso sus declaraciones nunca fueron filtradas a la prensa.

Después del ataque contra los estudiantes, la PGR acusó que el alcalde de Iguala,  José Luis Abarca, participó directamente en el asesinato del líder de la Unión Popular, el perredista  Arturo Hernández Cardona, ocurrido el 30 de mayo de 2013.

Para sostener esta versión se dio  a conocer a la prensa el testimonio dado ante un notario público de Nicolás Mendoza Villa, chofer de Hernández Cardona, quien dijo que vio directamente como Abarca, con una escopeta, mató al  líder de la UP  y lo dejó tirado en una fosa clandestina cerca de Iguala. Según quedó asentado en el testimonio que supuestamente dio ante el Notario Público 27 de la ciudad de México que la propia pareja de Hernández Cardona, Sofía Mendoza, distribuyó entre organizaciones sociales después de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

“¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy dar el gusto de matarte” habría dicho Abarca al líder social antes de disparar, según señala el documento notariado.

La acusación era útil para hacer creíble que Abarca, acusado por la PGR de nexos con el narcotráfico, era un hombre sin escrúpulos capaz de cualquier cosa.  El gobierno federal logró que en el alcalde se concentrara todo el repudio social. Sin un juicio de por medio él y su esposa fueron rápidamente condenados y se les puso el sobrenombre de “la pareja infernal”

Supuestamente Abarca había matado a Hernández Cardona luego de una fuerte discusión en el cabildo por el reparto de fertilizantes.  El 29 de mayo de 2013 el líder social y otros 10 integrantes de organizaciones sociales presentaron ante la Fiscalía General de Guerrero una denuncia contra el alcalde de Iguala por amenazas y justo un día después fue desaparecido junto con otras siete personas luego de encabezar la toma de una caseta de la carretera  Iguala-Cuernavaca en la que exigían la entrega de fertilizante  y obras públicas.

Sobre el supuesto homicidio a sangre fría, la prensa nacional e internacional hizo un festín. El periódico de España El País escribió una nota titulada “La pareja que bailaba entre cadáveres” refiriéndose a Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, basada en una supuesta entrevista dada por Mendoza Villa.

“Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar”,  dijo  el chofer al diario español.

La realidad es que ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR jamás tuvieron una  prueba contra Abarca sobre el asesinato de Hernández Cardona ni de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, según  las declaraciones ministeriales de Blanco Cabrera y  Martínez Chávez. Así mismo afirmaron que la supuesta declaración de Mendoza Villa ante el Notario era falsa.

Tuve acceso a esas declaraciones que se encuentran en el expediente de la causa penal 1/2015. Y este es su contenido.

El entonces procurador de Guerrero, quien renunció al cargo en noviembre de 2014,   declaró a la PGR  que en 2013 intentaron  llamar a declarar a cinco supuestos testigos del homicidio de Hernández Cardona entre ellos Mendoza Villa.

Iñaky Blanco afirmó que la “Red Década” encabezada por el Obispo Raúl Vera  hizo las gestiones para que  se presentara a declarar el chofer de Hernández Cardona pero estaban pidiendo al gobierno de Guerrero un “apoyo económico” a Mendoza Villa de seiscientos mil pesos.

La misma “Red Década”, declaró Blanco Cabrera, dio a conocer el testimonio notariado de Mendoza Villa pero cuando  la fiscalía general de Guerrero citó a declarar  al notario para corroborar su autenticidad, éste explicó que el chofer nunca se presentó ante él sino que a él sólo le presentaron un escrito y una copia para su cotejo.

Blanco Cabrera afirmó a la PGR que hasta marzo de 2014 se presentó a declarar Mendoza Villa pero que su declaración resultó contradictoria con lo que éste había dicho en el escrito presentado al notario y lo que había dicho al relator de la ONU.

“Se advertían contradicciones o inconsistencias relativas a las circunstancias de tiempo y lugar destacando lo relativo al número de partícipes en los hechos probablemente constitutivos de delito, el tipo de armas de fuego empleadas, vehículos vinculados a la investigación y mecánica de producción de lesiones”, declaró  Blanco Cabrera el 29 de octubre de 2014 a la PGR.

Afirmó que en mayo de 2014 pidió al  titular de la SEIDO  Rodrigo Archundia apoyo a la fiscalía de Guerrero en la investigación del homicidio de Hernández Cardona.  Dijo que el caso lo veía regularmente con el Titular de la Unidad Especializada en la Investigación en Delitos en Materia de Secuestros de la PGR, Gualberto Ramírez. El 24 de septiembre de 2014, dos días antes de los hechos en Iguala,  la PGR afirmó a Blanco que aún no tenían nada contra Abarca.

En su declaración rendida también el 29 de octubre de 2014  Martínez Chávez,  subprocurador de Guerrero quien también renunció al cargo, afirmó a la PGR que los testimonios de Nicolás Mendoza Villa eran tan contradictorios que “difícilmente un juez le daría credibilidad”. Reveló que  2013 un detenido de nombre Ernesto Pineda, preso en una cárcel de Acapulco, supuestamente había declarado sobre la existencia de un grupo criminal llamado “Guerreros Unidos” y su supuesta relación con Abarca, se informó de eso a Gualberto Ramírez de la PGR  pero éste dijo que no eran suficientes pruebas.

Para comprobar los dichos de Ernesto Pineda hubo una diligencia en la que éste llevó a peritos de  la Fiscalía General de Guerrero a un predio conocido como El Zapatero, en Iguala, para mostrar la existencia fosas clandestinas. Según Martínez Chávez sí se encontraron fosas con al menos 19 cadáveres  y en la diligencia fueron arrestadas dos personas que estaban cavando nuevas fosas.

Para sorpresa de la Procuraduría de Guerrero las fosas no tienen nada que ver ni con José Luis Abarca ni su familia. Las nuevas fosas las había ordenado la hija de Hernández Cardona y el predio “El Zapatero” donde habían encontrado los 19 cadáveres  era propiedad del perredista Arturo Hernández Cardona.

Martínez Chávez declaró que el 10 de septiembre de 2014 Guadalberto Ramírez, de la PGR, le afirmó que las pruebas que tenían “no eran suficientes para  determinar que José Luis Abarca  era parte de Los Guerreros, que todas las pruebas eran como islas que no tenían puente entre una y otra”, señaló. También dijo que la pareja de Hernández Cardona ya se había presentado a declarar ante la PGR “pero que su declaración era imprecisa”.

Todo esto prueba que aunque la PGR siempre supo que no había ni una sola prueba creíble de que Abarca  había matado a  Hernández Cardona o tenía relación con Guerreros Unidos, todo esto lo usó para fabricar un chivo expiatorio del caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Hasta ahora, según el propio expediente, tampoco tiene pruebas que lo vinculen con el ataque contra los normalistas.