El senador panista Ernesto Ruffo alertó sobre empresas que en el valle de San Quintín están dedicadas al lavado de dinero, por lo que no atienden debidamente las actividades agrícolas de la región.

El también exgobernador de Baja California precisó que al menos 20 empresas en la zona de ese valle operan mediante lavado de dinero.

Sin precisar los nombres de las compañías ni el origen de estos recursos ilícitos, Ruffo también aseveró que detrás del movimiento de los jornaleros en San Quintín hay intereses políticos en momentos electorales.

En conferencia de prensa, el legislador federal pidió investigar a esa veintena de empresas dedicadas, reiteró, a lavar dinero y que por consiguiente incurren en irregularidades.

Los brotes de inconformidad detonados en el valle agrícola de San Quintín, dijo, están vinculados con las condiciones en que viven los jornaleros por responsabilidad de los tres distintos niveles de gobierno, pero también de la operatividad de las empresas productoras.

“Hay algunos de los agricultores (a los que) no les ha importado el negocio en sí ni la supervivencia del mismo, andan haciendo transacciones de dinero para lavarlo, para que se los diga claro”, puntualizó el exmandatario estatal y excomisionado de la Frontera Norte durante el sexenio de Vicente Fox.

“Sí tiene que ver una presencia de gobierno para mantener los niveles mínimos de dignidad, tiene que actuar el gobierno municipal, estatal, federal, de manera que se respeten esos mínimos de dignidad en el marco de los derechos humanos, pero habría que ver que no juzguemos al todo por la parte”, puntualizó.

En torno a las manifestaciones y bloqueos carreteros ocurridos en esa región agrícola, Ernesto Ruffo aseveró que hay trasfondos políticos, sobre todo en una etapa electoral.

Incluso, el senador del Partido Acción Nacional indicó que no es casual que estos casos se producen luego de la visita de Gerardo Fernández Noroña y otros políticos de izquierda.

Esta semana, los jornaleros del valle de San Quintín advirtieron que continuarán en lucha por el aumento al salario de 100 a 200 pesos, luego de que los patrones se levantaron de la mesa de negociaciones ofreciendo 130.

Antes, el gobierno estatal anunció que la mayoría de los jornaleros había vuelto a sus labores. Pero este regreso se realizó bajo protesta, porque los trabajadores “ya no pudimos resistir, pues los patrones saben muy bien que nos quieren doblar a la fuerza”, afirmó Fidel Sánchez, vocero de la alianza de organizaciones por la Justicia Social.

En Estados Unidos, organizaciones amenazaron con boicotear importaciones de la región si no mejoran las condiciones laborales. Excelsior