MÉXICO, D.F. (apro).- Con la eliminación de la mayoría de los 88 “candados” de retroceso que habían propuesto las distintas instancias gubernamentales, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a sindicatos, partidos, los tres niveles de gobierno, fideicomisos, contratos energéticos, entre otros, a hacerse públicos.

Por 110 votos a favor, sólo 1 en contra y 1 abstención los partidos políticos aprobaron en lo general esta ley reglamentaria de la reforma constitucional, al tiempo que desecharon la mayoría de las reservas planteadas y aprobaron en lo particular por 95 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención los nuevos ordenamientos.

Para el senador del PRD, Alejandro Encinas, con esta ley el IFAI tendrá la obligación de hacer valer los derechos de los ciudadanos de acceder a información y sólo se mantienen clasificados aquellos datos con base en una valoración que desclasificará en un tiempo razonable la información reservada.

La senadora del mismo partido, Dolores Padierna, destacó como logro que se impongan a las autoridades del sector energético la “máxima publicidad” de convenios y contrataciones con empresas privadas, en tanto que la Secretaría de Hacienda estará obligada a presentar, sin restricciones, las acciones y medidas de los fideicomisos, el manejo de los créditos fiscales, condonaciones y cancelaciones.

Para la senadora del PRI, María Hilaria Domínguez, este nuevo ordenamiento influiría en el combate a la corrupción y a la impunidad, a partir del fomento de la participación ciudadana.

Del mismo partido, Hilda Esthela Flores Escalera, afirmó que el nuevo ordenamiento garantiza elevar los derechos humanos en igualdad de oportunidades.

Por el PAN, Javier Corral resaltó los avances en el derecho de acceso a la información, pero señaló como “el gran faltante” la ausencia de rigor con el que el Congreso ve a otros poderes, “pero no se ve a sí mismo”. El senador chihuahuense criticó un artículo transitorio, aprobado en comisiones, que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Congreso de la Unión.

La legisladora Alejandra Barrales, del PRD, destacó que se eliminará toda posibilidad de que los sindicatos continúen en la opacidad, “como ha ocurrido hasta la fecha”, ya que la ley los obliga a dar acceso a sus cuentas, su número de afiliados y las aportaciones de recursos públicos.

La nueva ley obligará a aplicar “la prueba del daño y de interés público” en el momento de la clasificación de la información, destacó la senadora del PAN, Laura Rojas, quien también resaltó que la ley “faculta expresamente al IFAI para ordenar la apertura de información relativa a violaciones graves de derechos humanos”.