mayo 12, 2021 10:29 AM

Pierden la batalla, pero no la guerra en caso Ángel Flores

COLECTIVO. La lucha sigue.
COLECTIVO. La lucha sigue.

Integrantes del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público en Sinaloa se sienten satisfechos por haber luchado para evitar la demolición del Estadio Ángel Flores, condenado ahora a la pena de muerte por empresarios y gobernantes 

Aunque ya se dio el fallo para la demolición del Estadio Ángel Flores, Integrantes del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público en Sinaloa continuará hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que “regalen” a un particular de manera vitalicia, un bien que le pertenece a todos los culiacanenses.

Berzahí Osuna Enciso, integrante del colectivo, lamentó la inminente demolición del estadio, a pesar de que todavía no se haya dictado sentencia definitiva en el juicio de amparo 827/2013 radicado en el juzgado Cuarto de Distrito, por el magistrado del Poder Judicial de la Federación con sede en Mazatlán.

“Sabemos que se impuso la voracidad de gobernantes y empresarios. Ellos han decidido que la palabra ‘política’ puede ser correctamente utilizada para denominar sus interminables atracos al erario público”, comentó durante una manifestación que hizo el colectivo en las afueras de la casa de los Tomateros de Culiacán.

“Y además que la palabra ‘progreso’ es la forma de justificar sus insultantes derroches ante una población cada vez más empobrecida e indefensa”.

Osuna Enciso criticó la decisión provisional que tomó el Magistrado.

“El Magistrado argumentó que no importa el valor que tenga el actual estadio, no  importa lo que ha de costar la demolición, no importa si el nuevo estadio es viable en términos ambientales y urbanísticos, no importa de dónde saldrá el dinero para la nueva construcción: ¡El Magistrado también quiere un estadio nuevo! por eso, el Estadio Ángel Flores, que no debía morir, se va a morir”, agregó.

En su intervención, Ernesto Saldaña García, también integrante del colectivo, criticó fuertemente a Juan Manuel Ley, propietario de los Tomateros y al Gobernador Mario López Valdez.

“Un agravio e irresponsabilidad de las decisiones políticas de Mario López Valdez, el privatizar los recurso públicos para fines privados y que para el estadio si hay dinero, pero no para construir obras prioritarias”, dijo.

ESTADIO. Para este año se tiene previsto terminar el nuevo estadio de los Tomateros.
ESTADIO. Para este año se tiene previsto terminar el nuevo estadio de los Tomateros.

 El abuso

Luego de otorgarle la concesión de 25 años del estadio, Ley López no pagará impuestos ni obligaciones por el uso y explotación del estadio, y a cambio entregará al Municipio el 8 por ciento de los ingresos del estacionamiento, cuando no haya temporada de beisbol.

De acuerdo con Saldaña, por el cambio de nombre del edificio, el concesionario obtendrá supuestamente 300 millones de pesos.

“Estamos hablando de un asunto que puede girar alrededor de los 680 millones de pesos, 300 que serían para la remodelación del estadio, 80 para un proyecto alternativo en un terreno de Juan Manuel Ley, y otros 300 millones, que ellos mismos filtraron, que era lo que sería el cambio de nombre”, dijo Saldaña.

Además aseguró que todavía no se cuenta con un estudio del impacto ambiental que determine la viabilidad de la obra. Tampoco existe ningún plan de protección civil, que garantice la seguridad de los espectadores, ni una licencia para la venta de alcohol.

Las incongruencias del gobierno de Malova

Saldaña García dejó en claro que este organismo no está en contra de la construcción del estadio, pero sí de la forma en que Gobierno del Estado utilizará los recursos en la obra, cuando hay otras necesidades.

“Lo ideal sería que se respetara el inmueble y se construya uno nuevo en otro espacio de la ciudad y que el recurso sea de particulares; el gobierno no tiene por qué regalarle a un particular el dinero del pueblo, producto del pago de impuestos y servicios, y de paso concesionarle una propiedad pública para que haga el negocio de su vida”, recalcó.

Pero lo incongruente de este caso, es que Gobierno del Estado, con algunos recursos federales y municipales, aportará poco más de 300 millones de pesos en esta obra, inversión que podría utilizarse en la construcción de una Unidad de Servicios Estatales (USE).

Y es que el gobierno estatal paga al año más de 35 millones de pesos en renta anual de ese edificio gubernamental.

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