Se preparan los partidos integrantes del Pacto por México en Sinaloa, para firmar un desplegado en apoyo a Enrique Peña Nieto. Mario López Valdez se esfuerza por aparentar apoyo al Presidente de la República. Algunos partidos se resisten, otros están felices de firmarlo.
El homicidio de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa destaparon la cloaca del Estado mexicano: un Estado infiltrado por el narcotráfico, desde las más altas esferas de la burocracia de Estado hasta los niveles municipales, pasando por gobiernos estatales, donde sectores de las policías federales, estatales y municipales están al servicio de las bandas de criminales. Corrupción, complicidad e impunidad son expresiones de esa descomposición.
La fuerza de la delincuencia organizada de Estado no es ajena a los gobiernos y a sus aparatos policiaco-militares; su crecimiento y poderío fue posible gracias a la validación y acción del gobierno, principalmente, del gobierno federal como máxima expresión política del poder del Estado. Por lo tanto, los acontecimientos de Iguala contra Ayotzinapa son responsabilidad del Estado. Cabe subrayar que los partidos que han conducido el Estado bajo la política anterior y de corrupción e impunidad, han sido el PRI y el PAN.
La anterior situación, junto al Pacto por México que signaron PRI, PAN y PRD con el gobierno de Peña Nieto, y que, en cierta medida explica el estado que ahora guarda la economía y la política nacionales, han llevado a una crisis de agotamiento de dichos partidos.
Como lo sugiere la película La Dictadura Perfecta: estamos ante una coalición política conformada por estos partidos que han sumado esfuerzos para llevar al país a donde hoy se encuentra: atrapado en la violencia cobijada por un Estado en descomposición.
Para millones de mexicanos este sistema de partidos está agotado, es sinónimo de corrupción y transa, de narcotráfico e impunidad. Los partidos viven en el descrédito, de lo que no escapa el PRD; el desprestigio es su acompañante. Situación ésta última que se profundiza con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas de este Partido. El senador Alejandro Encinas ha afirmado que la renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas evidencia la falta de ética y el abandono al proyecto de izquierda.
Ayotzinapa: 43 estudiantes desaparecidos. México está de luto. México llora. México está en la calle. Miles, muchos miles de mexicanos han tomado la calle y las redes sociales con una consigna: ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! La credibilidad del gobierno viene a la baja. Y la de los partidos firmantes del pacto, también.
La indignación no sólo está en México, trascendió fronteras y, en todo el mundo, millones de personas se han sumado al grito y exigencia de justicia por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa; la movilización no sólo está en las calles de México, también hay contingentes de diversos sectores sociales en las calles de los cinco continentes sumándose a la exigencia del pueblo mexicano. Las redes sociales en el mundo son un espacio de indignación y combate, de denuncia y convocatoria.
El Estado mexicano ha validado la mutación del narcotráfico y se ha generado una situación simbiótica, donde gobierno y narcotráfico ostentan el poder, son la misma cosa; ahora ya no compran policías o amenazan y someten a presidentes municipales o gobernadores. Ahora protagonizan en la política al ocupar posiciones del gobierno: José Luis Abarca en Iguala, Guerrero es un caso que lo evidencia. El crimen organizado se extiende a los espacios que antes ocupaba la burocracia política.
Peña Nieto no tiene credibilidad, no hay confianza; por lo tanto, las definiciones emanadas por las instituciones del Estado no son creíbles, más bien son cuestionadas; un Estado así es un Estado cuya forma entra en riesgos de disolución. Mas aún, la falta de alternativas viables de cambios políticos de fondo colocan al país en un situación difícil, donde ciertas élites del capital claman endurecimiento del régimen, y la burocracia de Estado acaricia la tentación de mayor autoritarismo con rasgos policiaco-militares.
Los más de treinta mil integrantes de la Gendarmería Nacional en Guerrero así lo anticipan, como también, así lo hacen ver, las provocaciones en las movilizaciones y los actos represivos y encarcelamientos de activistas en lucha por Ayotzinapa.
Autoritarismo de Estado. Los diez puntos que ofreció Peña Nieto como salida a la crisis por las desapariciones en Ayotzinapa obedecen a definiciones de cerrazón y autoritarismo del Estado que disminuye la democracia en la organización de la República bajo la forma del federalismo. De esas diez medidas no hay novedad de lo anunciado en discursos anteriores, específicamente repite lo ya expresado en su discurso de toma de protesta.
La novedad es su decisión de disolución de los Ayuntamientos (supuestamente abarcados por el narcotráfico) y no es en los términos que se prevé en la Constitución y en legislaciones locales, sino que será decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal; es una especie de anticipación parcial de golpe de Estado; una medida así pondrá en la zona de desaparecidos al artículo 115 constitucional.
Insoslayable es afirmar que la corrupción y la presencia del crimen organizado de Estado caracterizan a los más altos niveles de las instituciones; para el gobierno de Peña Nieto es imprescindible encontrar un chivo expiatorio y ese es el municipio. Esta definición es un agravio a la Constitución del país y a la historia de México.
Ante esta situación, el gobierno de Mario López Valdez ha tenido la ocurrencia de sacar un desplegado en apoyo a Enrique Peña Nieto, como si eso fuera lo que Sinaloa necesita.
México y Sinaloa necesitan un cambio de política y de Presidente de la República.
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