julio 30, 2021 7:59 PM

Fraude y corrupción en el Registro Público de la Propiedad

Propiedad hipotecada. Anotaciones sin sellos y sin firmas oficiales.
Propiedad hipotecada. Anotaciones sin sellos y sin firmas oficiales.

La dependencia estatal enfrenta más de 100 juicios de amparo por estafas, venta de trámites y falsificación de documentos
El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa enfrenta más de 100 juicios de amparo por actos de corrupción, falsificación de documentos y diversas irregularidades que afectan la legalidad del patrimonio de los sinaloenses.
Enrique Armit Gaxiola, director del Registro Público, admite los procesos legales en contra de la institución gubernamental, pero asegura que la mayoría de los casos fueron heredados de administraciones pasadas.
“Yo quisiera creer en la buena voluntad de las gentes que me antecedieron, pero tampoco puedo meter las manos al fuego por nadie”, enfatizó el funcionario, al especificar que la dirección a su cargo coadyuva con 99 juicios de amparo heredados.
Armit Gaxiola defiende que desde el inicio de la administración de Mario López Valdez, en el 2011, comenzaron a aplicarse nuevas estrategias de seguridad que según dice, se reflejan en que en los últimos tres años sólo se han presentado cinco juicios de amparo, de los cuales, cuatro se ganaron y en uno, el ciudadano se desistió.
El resto, dijo, continúa en un proceso legal “hasta agotar todas las instancias”.
“Estamos buscando arreglar de la manera más fiel, más real, más certera, y sobretodo beneficiando el interés primordial que tienen todas las familias, que es el de cuidar su patrimonio y que su patrimonio no sufra otra afectación”, destacó Armit Gaxiola.
El antecedente inmediato a Armit Gaxiola, el ex director del Registro Público durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, Javier Sánchez Rocha, quien fuera destituido del cargo en el último año de la administración, rindió protesta en mayo de 2013 como delegado de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua.
A Sánchez Rocha le tomó protesta el coordinador de delegados de la Segob, Rafael Oceguera Ramos, también ex secretario General de Gobierno de Sinaloa, en el periodo de Aguilar Padilla.
Días después de su nombramiento, Sánchez Rocha fue cuestionado por el periódico Diario.Mx de Ciudad Juárez, sobre las acusaciones de hostigamiento laboral en medio de las cuales se dio su destitución en Sinaloa.
En su defensa, el hoy delgado del gobierno federal evidenció prácticas de corrupción y venta de trámites al interior de la institución sinaloense.
Sánchez Rocha aseguró que durante su estadía en el Registro Público de la Propiedad sinaloense se tocaron intereses del personal que ahí laboraba y a partir de ello, se originaron las acusaciones en su contra.
“Hubo presiones porque tocamos intereses, había desviaciones y prácticas de corrupción y, obviamente, al introducir las medidas correctivas, tocamos intereses”, declaró al Diario.Mx, en mayo de 2013.
De acuerdo con Armit Gaxiola, a partir de febrero de 2011, en la dirección que depende de la Secretaría General de Gobierno del Estado, comenzó a utilizarse el papel seguridad, se fijaron tarifas para cada uno de los trámites y se implementó un sistema digital, a través del cual el ciudadano da seguimiento a cada una de las etapas de su trámite.
“Comenzamos con el papel seguridad, que fuera infalsificable, porque es muy fácil, hay una compra venta y hay un certificado de libertad de gravamen, pero los certificados los podían hacer en cualquier papelería y venían con un folio sin el más mínimo cuidado de seguridad. Imagínate el mundo de documentos que anduvieron rondando, no siendo completamente legibles, ni legítimos”, señaló.
Armit Gaxiola. “La mayoría de los casos son heredados”.
Armit Gaxiola. “La mayoría de los casos son heredados”.

La lucha de Esther
Sin embargo, en la historia de Esther, las medidas de seguridad del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, poco funcionaron.
Hasta hace cuatro años, Esther nunca había utilizado una computadora y ni siquiera se imaginaba cómo funcionaba un procesador de textos.
Pero fue en diciembre de 2009 cuando Esther Vázquez se enfrentó al fallecimiento de su hija y con él, a una serie de trámites que le revelaron el fraude del que su familia había sido víctima.
La casa comprada por su hija en mayo de 2008, un año antes de fallecer, y de la cual posee una escritura donde se certifica que el inmueble estaba libre de gravamen al momento de hacer el contrato de compra venta, tiene una hipoteca registrada en el Registro Público de la Propiedad, desde marzo de 2007, a nombre de dos personas distintas a los que le vendieron la propiedad.
Tras cuatro años en medio de un proceso legal, en el cual, según denuncia, ha habido irregularidades y trabas por parte del Registro Público de la Propiedad, de la Agencia Tercero del Ministerio Público y hasta de sus propios abogados, Esther teme perder la única propiedad que su hija dejó.
Carga en su bolsa decenas de documentos que acreditan su relato y hasta muestra un escrito de más de 50 páginas, que ella misma redactó, y que ha entregado a la Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El estigma contra el que Esther asegura que se ha enfrentado, es el nombre del notario que certificó la compra venta: Gonzalo Armienta Hernández, “hijo de un pesado”, comenta Esther, Gonzalo Armienta Calderón, secretario general de gobierno en el sexenio de Juan S. Millán.
En mayo de 2010, Esther Vázquez presentó una denuncia por fraude, de la cual se integró la averiguación previa 282/2010, en contra de los vendedores de la propiedad, Demetrio Beltrán Barraza, Gabriela Zavala; los dueños de la hipoteca, Felipe Haro y Guadalupe López y Armienta Hernández, y el notario que certificó el contrato.
Pero entonces, las irregularidades comenzaron a fluir.
En el Registro Público de la Propiedad, a la escritura hipotecada en marzo de 2007, se le pegó, con resistol, una hoja en blanco con un sello de membrete, en el cual se anotó con pluma que la hipoteca pasaba a propiedad de Liz Aleyda López Vázquez, hija de Esther.
Al membrete se le colocó la fecha de febrero de 2009, a pesar de que la hoja se agregó en mayo del 2010.
Además, el membrete contiene el nombre, pero no la firma del oficial registrador, Javier Sánchez Rocha, quien fue destituido de su cargo en enero del 2010, cuatro meses antes de que se colocara la hoja. También carece de sellos oficiales del Registro Público de la Propiedad.
Un año después, con la demanda en proceso, a la escritura de Liz Aleyda se le colocó una leyenda al final del documento, escrita también con pluma: “Pasa con los siguientes gravámenes, Hipoteca: SHF HIP. Cred. y Casa, SA de CV”, además se añade una serie numérica que remite a la escritura hipotecada. La anotación tampoco cuenta con sellos oficiales y la firma del oficial registrador.
Entrevistado sobre el caso, Armit Gaxiola, director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, titubea al intentar dar una explicación.
El funcionario acepta que las inscripciones son irregulares al carecer del sello oficial y la firma; sin embargo, considera que pudiera tratarse de actos de buena fe.
Según explica, en el caso de Esther podría haber omisión de parte del notario pero también del comprador, quien debió cerciorarse de que existiera un certificado de gravamen. Aunque admite que hasta antes del 2011 los certificados de gravamen eran fácilmente falsificables.
“Aquí pudo haber varias cosas, una, la sorprendió el vendedor; dos, puede haber sido el desconocimiento de no checar y tres, alguien tuvo que haber revisado ese certificado de gravamen y sino lo hizo nadie, es omisión”, consideró Armit Gaxiola.
“¿Esto no es fraude? —reclama Esther, por su parte—, el notario tiene culpa pero los de arriba, los políticos, los funcionarios, lo están apoyando, aquí lo apoyó Armit, ¿por qué? El solo hecho de dejarlo meter un libro ficticio”.
Javier Sánchez. “Tuve presiones por parar prácticas corruptas”.
Javier Sánchez. “Tuve presiones por parar prácticas corruptas”.

El otro juicio
El 16 de octubre de 2012, Hipotecaria Crédito y Casa inició un proceso legal en contra de los primeros dueños de la propiedad, quienes dejaron de pagar la hipoteca de la casa. Sin embargo, en dicho proceso, Esther no puede aportar pruebas, ya que el nombre de su hija y la compra venta realizada, no aparece en ningún documento de ese juicio.
“En ese juicio les quieren quitar la casa a ellos y ahí yo no puedo defenderme, hablé con el juez en turno del juzgado y me dijo que no puedo aportar pruebas porque mi hija no aparece como hipotecaria”, relata.
Esther regresa al Registro Público de la Propiedad y solicita un resumen histórico de la escritura 16 mil 091, la misma a la que le habían pegado un hoja blanca con resistol, y entonces, de nueva cuenta, el nombre de Liz López Vázquez, no aparece en el historial.
Su hija pagó 341 mil pesos por una casa en el fraccionamiento Villas del Humaya, pero sin que ella lo supiera, la casa estaba hipotecada por los primeros dueños y su compra no se registró legalmente en el Registro Público de la Propiedad, detalla Esther.
La otra versión
En su declaración ante el Juzgado Octavo, en septiembre de 2013, la secretaria del notario Armienta González, Ana Núñez Sandoval, argumenta que Liz estaba enterada de la hipoteca, al igual que los vendedores, pero al momento de elaborar la escritura, Ana no cambió el párrafo donde se señala que la propiedad está libre de gravamen, debido a un “error personal”.
Núñez Sandoval expresa que no consideró necesario cambiar el párrafo, debido a que Liz ya sabía de la hipoteca y le había asegurado que la pagaría en poco tiempo.
Ana menciona incluso, que conocía a Liz desde hace más de 30 años, porque fueron vecinas.
“Pensé yo que si la compradora tenía pleno conocimiento de los hechos no había necesidad de hacerlo y también la compradora me había manifestado que ella a más tardar en un año iba a liquidar esa hipoteca, por eso yo no le di importancia que en su párrafo de la escritura que dice “libre de gravamen, quitarle ese párrafo”, indica la declaración.
En la lucha legal de Esther, el Juez Octavo de lo Penal dictó formal prisión a los vendedores de la propiedad por el delito de fraude genérico; sin embargo, estos solicitaron una revisión ante el Tribunal Colegiado de Mazatlán, a donde fue enviado el caso. El notario fue eximido de cualquier responsabilidad.
“Mi hija murió creyendo que ella dejaba una casa y ella ya no está para defenderse. Quiero ir a México, yo voy a ver quien me apoya por allá, quiero ir a la Suprema Corte de Justicia a hablar con un magistrado y que vea esto y me diga que puedo hacer”, expresa Esther.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
RÍODOCE EDICIÓN 965
25 de julio del 2021
GALERÍA
Protestas y celebraciones ante destitución de primer ministro y suspensión de parlamento en Túnez
COLUMNAS
OPINIÓN
El Ñacas y el Tacuachi
BOLETÍN NOTICIOSO

Ingresa tu correo electrónico para recibir las noticias al momento de nuestro portal.

cine

DEPORTES

Desaparecidos

2019 © RIODOCE
Todos los derechos Reservados.