Posponen audiencia de Serafín Zambada

Serafín Zambada. La pelea en los tribunales.
Serafín Zambada. La pelea en los tribunales.

El Universal
San Diego— El proceso penal contra Serafín Zambada, hijo del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, empieza a complicarse. Nuevamente la audiencia que estaba programada para este viernes, fue aplazada para el 5 de febrero ante una revelación: la DEA intervino en unas 100 ocasiones en llamadas telefónicas como parte de la investigación en su contra.
El expediente 13CR3575-DMS, en poder de El Universal, revela que la agencia antidrogas de Estados Unidos interceptó llamadas telefónicas de unos 30 números, ligadas a la investigación contra Serafín Zambada.
La defensa de Zambada interpuso una nueva petición para dar oportunidad de desahogar las pruebas a favor del joven, que apenas alcanza los 23 años y fue detenido por conspiración para importar 500 gramos de metanfetaminas y cinco kilogramos de cocaína.
Explica que aunque la acusación de Serafín Zambada fue desclasificada el 27 de noviembre de 2013, cuando el “señor Zambada Ortiz fue procesado”, el descubrimiento de pruebas contra el narcotraficante aún no ha sido revelado.
Asegura que el gobierno de Estados Unidos sólo ha presentado un aviso indicando que el caso de Zambada se relaciona con el expediente 12-CR-4711-DMS.
Según esta acusación, los cómplices de Zambada serían Daniel Madrigal; Carlos Flores; Arturo Chávez, Jr.; Ubaldo López; Roberto Luis Ochoa; Irvine Rodríguez; José Miguel García; José Parra Martín del Campo y otros ciudadanos estadounidenses de nombre James Lawrence Snowden y Craig McGruder.
Documentos de la corte revelan que se les acusa de participar en la distribución de metanfetaminas y cocaína, pero varios de ellos ya se encuentran en libertad condicional. La Fiscalía del Distrito Sur de California investiga a Zambada y los demás desde el 16 de noviembre de 2012; desde entonces, se han registrado 183 peticiones y movimientos en el caso.
En la nueva petición, los abogados de Serafín Zambada, Michael McDonnel, Saji Vetiyil y Roberto C. Montiel, exponen que su cliente exige que el gobierno de Estados Unidos revele “toda la evidencia favorable o desfavorables que afecte la determinación final de la culpa o el castigo en su contra”.
También exige dé a conocer las copias de las declaraciones escritas o grabadas y los interrogatorios, así como el material fotográfico de audio o video captado por agentes del gobierno de Estados Unidos y pruebas recabadas por las entidades que tienen intercambios de cooperación y que puedan ser utilizadas en su contra.

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