A 7 meses del asesinato de Javier Valdez, la cerrazón de la Fiscalía

 

 

Llega puntual a la cita. Es en la acera de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Óscar Loza Ochoa, ataviado con un sombrero, solicita ayuda. Trae consigo una bocina de 150 watts, un micrófono con su pedestal y los cables. Al llamado acude Milán, quien nunca ha fallado a las manifestaciones.

A Javier Valdez Cárdenas lo asesinaron el 15 de mayo y desde entonces, un grupo reducido pero consistente ha exigido justicia. Poco después de las 10:00 de la mañana ya estaba todo instalado: las mantas, las pancartas, el megáfono. Todos listos para la protesta. Son siete meses de sordera oficial, de impunidad.

Al micrófono, Ismael Bojórquez Perea reclama a la autoridad una vez más. Otro día 15, la justicia no llega. Atrás de él los mismos rostros y los mismos gritos. Los oídos de la Fiscalía, otra vez sordos.

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“Pues estamos de nuevo el día 15, ahora de diciembre, llamando la atención nuevamente sobre la lentitud con la que marchan las investigaciones en el caso del asesinato del compañero Javier, pero ahora también ante la cerrazón del Fiscal General del Estado para dar cuentas de cómo marcha la investigación del crimen de Javier”, señaló.

Durante la pasada manifestación el 15 de noviembre, el Comité de Seguimiento solicitó al Congreso del Estado una comparecencia de Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado. La exigencia es simple: que el Fiscal rinda cuentas. Nada más.

 

La fecha se fijó para el domingo 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de los Derechos Humanos. Ríos Estavillo solamente envió un comunicado. Arguyó en él una serie de artículos y mucha coadyuvancia, pero nada conciso.

“Podemos decir que la investigación iniciada ha implicado el ejercicio competencial de la Procuraduría General de la República (PGR) y de esta FGE, en un marco de coordinación y coayduvancia”, señala el comunicado.

Ante la negativa del Fiscal, diputados de la 62 Legislatura fijaron su postura. Buscan que tanto Ríos Estavillo como Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), resuelvan el caso.

Pero los oídos del fiscal federal también son sordos. Apenas un día después del asesinato de Javier, Sánchez Pérez del Pozo declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola que ese caso sería resuelto. Su renuncia estaba en la mesa desde que tomó el puesto. A Javier se le haría justicia. Pero han pasado 214 días.

Y el grito de “¡justicia, justicia, justicia!” no decayó. Con pancartas en mano, José Alfredo Beltrán y Tere Guerra arengan a los protestantes: “¡si no hay informe que haya renuncia!”. Luego la lectura del posicionamiento titulado “Nuestro derecho a conocer la verdad”, a cargo del profesor Loza Ochoa.

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“Han transcurrido siete largos y penosos meses sin tener información que nos dé certidumbre sobre el Caso Javier Valdez. ¿Qué se ha hecho de parte de la Fiscalía General del Estado y de la PGR? Lo ignoramos. Se ha dicho públicamente que están trabajando las dos instituciones de procuración de justicia en el caso y que hay coordinación, pero esa información no desvela un solo paso de lo que suponemos están haciendo”, leyó Loza Ochoa.

Luego María de los Ángeles coloca cruces rojas sobre el suelo de la FGE. Ese mismo suelo que tiene huellas de pasadas manifestaciones, como el “SOS PRENSA” escrito en la entrada del edificio. Tras colocar las cruces, levanta el puño derecho. Loza sigue leyendo el posicionamiento.

“Y al transcurrir tanto tiempo sin que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, nos obsequien la información que puede dar tranquilidad a la familia y a la sociedad y menos, sin que se presente a los presuntos responsables para que sean vinculados a proceso, por dignidad como ciudadanos que reclamamos Justicia para el periodista Javier Valdez, ahora planteamos ante la Fiscalía General el derecho humano de la familia y de la sociedad a conocer la verdad”.

Adentro está fija la mirada de quienes laboran en la Fiscalía. Los custodios también. Los flashes de cámaras y las transmisiones en vivo. Durante siete meses han sido los mismos reporteros quienes además de cobertura, protestan. Otro día 15.

Durante poco más de 40 minutos los manifestantes se mantuvieron afuera de la FGE. Los mismos de siempre. Luego Loza Ochoa acerca su camioneta para guardar la bocina y Milán otra vez se acomide, mientras Cristopher dobla las mantas y ordena las cruces rojas.

Viene la despedida, el hasta luego. “Ojalá éste sea el último día 15, de verdad ojalá que lo sea”, se repite Milán. Pero Ríos Estavillo no pudo haber escuchado ese deseo. No ha escuchado esos reclamos durante 214 días. Son siete meses de sordera. Otro día 15.

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