El reconocimiento de su responsabilidad de los gobiernos locales, el cese a la impunidad como medida de prevención y establecimiento de medidas efectivas para actuar de manera efectiva en casos de emergencia, fueron planteadas por diferentes representantes de organizaciones en el foro de consulta para formular la iniciativa de ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa.
Durante su participación en el foro organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa, Garance Tardieu Ziolkowski, representante de Amnistía Internacional México, destacó la importancia de voltear hacia los diferentes estados para revisar cuáles está siendo las medidas de prevención que están aplicándose a los defensores de los Derechos Humanos y los periodistas a nivel nacional frente a las agresiones que están sufriendo.
Demandó que el Estado debe impulsar una política pública integral para promover la protección a los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Ricardo Neves, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, subrayó que tras visitas realizadas por relatores a diversas a entidades, entre ellas Sinaloa, se hace necesario la adopción de medidas efectivas entre los niveles de gobierno federal y los gobiernos locales.
La entidades federativas, opinó, deberían contar con unidades que implementen medidas enérgicas para aplicar medidas de protección a favor de defensores de derechos humanos y periodistas, que incluya medidas de sanción a los funcionarios públicos que se desatiendan de sus obligaciones en esta materia.
Destacó que actualmente en las entidades existen dificultades en la implementación de las medidas de protección entre los diversos niveles de gobierno y sus diversas dependencias.
En su propuesta destacó que debe atenderse el enfoque a la procuración de justicia, la prevención, y la reacción en situaciones de emergencia.
Expuso que la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas no es un tema reciente en México, no inició con la agresión a Javier Valdez, sino viene de muchos años atrás y citó el caso de Sinaloa con la abogada Norma Corona Sapiens.
Indicó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron mil 983 ataques a periodistas, 48 fueron asesinados, mientras que en el de Felipe Calderón fueron 49 y con Carlos Salinas de Gortari 50.
Lamentó que la violencia se ha agudizado y ensañado con los defensores de derechos humanos y periodistas, no sólo en homicidios, sino también en amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, demandas por difamación y daño moral, restricciones publicitarias y vigilancia digital.
Entre los impactos de las agresiones han sido el desplazamiento forzado de este sector, la defensora aseguró que los gobiernos federal y local deben reconocer su responsabilidad en la situación y generar políticas públicas para atender la problemática.
Denunció que gran parte de las agresiones han sido por parte de servidores públicos en diferentes niveles y corporaciones policiacas, y líderes de organizaciones sociales.
Destacó que en la elaboración de una legislación debe siempre ir acompañado de la opinión de periodistas y defensores de derechos humanos.
En su intervención, Jorge Ruiz del Ángel, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que las entidades federativas tienen el deber legal de proteger la vida, la libertad e integridad de periodistas y defensores, y destacó la eliminación de la disociación que existe con gobiernos locales y las autoridades municipales.
La periodista Elsa Leonor Ángeles Verá, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo a nivel federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó que la iniciativa que se formule en Sinaloa no debe contemplar al secretario de gobierno a la cabeza de las acciones de reacción inmediata en caso de agresiones a este sector de la población.
