La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión.

El proyecto busca homologar en las 32 entidades del país las sanciones, los protocolos de investigación y las acciones de atención a víctimas, eliminando la actual fragmentación de tipos penales que genera deficiencias en los procesos judiciales.

La propuesta plantea penas de 50 a 70 años de prisión, estableciendo 19 agravantes aplicables en diversas circunstancias, como cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o se encuentre embarazada.

La iniciativa contempla que el delito sea imprescriptible y determina la pérdida de derechos sucesorios, así como la destitución e inhabilitación para cargos públicos en caso de que el responsable sea funcionario.

Durante la presentación en Palacio Nacional, se detalló que el delito se configurará cuando se prive de la vida a una mujer por razones de género, contemplando diez supuestos como antecedentes de violencia, presencia de violencia sexual o contextos de asimetría de poder.

Asimismo, se prohibirá catalogar muertes violentas de mujeres como suicidios sin una investigación exhaustiva y con perspectiva de género.

Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, precisó que las investigaciones se iniciarán de oficio de manera inmediata y deberán analizar antecedentes de violencia aunque no existan denuncias previas.

El proceso se orientará a la determinación de la verdad, la reparación integral del daño y la protección de víctimas indirectas, incluyendo atención médica, psicológica y jurídica gratuita.

La iniciativa incluye también la creación de un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio, además de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes y políticas públicas de prevención.

Se establece que los medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas durante la cobertura de estos hechos, garantizando un enfoque centrado en la justicia.