La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que su gobierno se rige por los principios de verdad, justicia y, sobre todo, la defensa de la soberanía nacional, asegurando que México mantiene una relación de iguales con todas las naciones y nunca de subordinación, ante la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios, incluidos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Durante su conferencia, Sheinbaum cuestionó la solidez de las evidencias presentadas por las autoridades estadounidenses, mostrando incluso documentos que calificó como “llamativos” por ser anotaciones en hojas de papel simple, donde se señala una supuesta nómina que incluye a funcionarios de seguridad.
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Sin embargo, pues, publican este documento. Hacen un relato muy largo, escrito. “Cuando decimos pruebas, es pruebas. No es nada más un dicho de una persona. Tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana”, recalcó.
Asimismo aseveró que “nosotros no protegemos a nadie tienen que haber pruebas tienen que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestren la culpabilidad de una persona”.
La mandataria presentó el documento publicado el 29 de abril y resaltó que “de acuerdo a los tratados internacionales, ayer no lo hizo saber la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que haber una parte de confidencialidad en todo esto”.
Añadió que se seguirá aplicando la estrategia de seguridad para proteger al pueblo de Sinaloa, “está el Secretario de Seguridad es un General de la Defensa Nacional, está fortaleciendo la Fiscalía General de la República lo que correspondería a las fiscalías sedes de la Fiscalía General de la República con la presencia de las fuerzas federales”, dijo.
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Asimismo recalcó que “el pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa. Sinaloa tiene un pueblo extraordinario y es un gran Estado es el “granero de México” que está en protección en este momento por cierto, también en el documento se describe cómo vale mucho la pena el documento cómo se incrementa la violencia en Sinaloa entonces ahí vamos a estar protegiendo a las y los sinaloenses siempre”.
Asimismo la mandataria fue cuestionada sobre un posible cambio en el gobierno de Sinaloa, a lo que respondió que no, pero que de ser así primero tendría que haber un desafuero aprobado por el congreso Local, “si es que se llegara a encontrar que haya alguna prueba en contra de él, todo bajo el Estado de Derecho todo bajo el Estado de Derecho”.
Asimismo enfatizó que si se tratara de un gobernador de otro partido actuaría de la misma forma defendiendo la soberanía mexicana.
“Me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía entonces, la ley es para todas y para todos”, dijo.
La jefa del Ejecutivo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya turnó la documentación recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación. Será esta instancia la encargada de determinar si existen elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana para proceder con cualquier acción legal.
Por otro lado Sheinbaum calificó como “desafortunada” la actuación del embajador de Estados Unidos y criticó a los sectores de la oposición por respaldar una intervención extranjera, reafirmando que no se permitirá la intromisión en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el miércoles 29 de abril una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presunta conspiración con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según la investigación, el mandatario habría recibido apoyo político para llegar a la gubernatura y, a cambio, habría brindado protección e información confidencial a la organización criminal para facilitar el tráfico de narcóticos como fentanilo y cocaína hacia territorio estadounidense.
El documento judicial señala que esta red de corrupción permitió al grupo delictivo operar con impunidad en la entidad a cambio de sobornos millonarios.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye, además del gobernador Rubén Rocha Moya, al exsecretario General de Gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cazarez; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal General del Estado.
Asimismo, el documento judicial señala a mandos y agentes de seguridad, como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Así como a los agentes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como el Cholo.
