Se levanta la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tras dos días de plantón por parte del colectivo Guerreros Azules, integrado por policías, expolicías y viudas, tras una presunta omisión para atender recomendaciones para garantizar el pago de prestaciones adeudadas a policías.
Después de recibir una llamada de la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, mencionó a Yesenia Rojo que, por indicaciones del gobernador Rubén Rocha Moya, solicitaba las peticiones que el colectivo emitía a la CEDH para resolver el tema de las prestaciones.
“Para nosotros esto es mejor de lo que solicitábamos, porque al obtener la recomendación teníamos que ir a los municipios a hacerla valer. Entonces, si gobierno interviene para esas prestaciones, desde el gobierno se van a gestionar.
Entonces, nos vamos triunfantes, no nos decepciona no platicar con Loza Ochoa, ya nos lo imaginábamos, pero veíamos un escenario peor”, mencionó.
Durante la toma, el colectivo impidió el paso de trabajadores y ciudadanía para emitir sus denuncias.
Ante ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) mantuvo un posicionamiento enérgico condenando y manifestando preocupación por la toma violenta de las instalaciones, según se dictó en el documento.
La FMOPDH señaló que la ocupación impedía el ingreso de usuarios y restringía el libre tránsito del personal, lo cual comprometía la continuidad de un servicio esencial para la protección de los derechos humanos, vulnerando la autonomía del organismo.
“Se advierte, además, con especial preocupación el riesgo que estos hechos representan para la documentación, expedientes, archivos y demás información sensible que la Comisión resguarda en ejercicio de sus atribuciones.
Debe recordarse que una parte sustancial de esa información se encuentra vinculada con personas víctimas, directas e indirectas, así como con datos personales reservados o confidenciales, cuya protección constituye una obligación jurídica y ética indeclinable.
Cualquier afectación, pérdida, alteración, sustracción, exposición o uso indebido de dicha documentación podría traducirse en daños irreparables para las personas cuyos asuntos se encuentran bajo conocimiento del organismo”, se señala en el documento.
Por su parte, Yesenia Rojo respondió que, contemplando esto, se prohibió el paso con cintas rojas a las zonas donde se resguardan dichos documentos y que, ante cualquier inconveniente, las cámaras de seguridad se mantuvieron activas.
“Yo estaba muy tranquila porque en cada rincón hay cámaras y nosotros, desde que se fueron los empleados, pusimos cintas rojas en todas las oficinas, donde hay equipos de cómputo; jamás nadie ingresó a ninguna oficina, no tocamos las puertas; el único lugar al que tuvimos acceso fue una sala de juntas porque no hay equipo de cómputo”, detalló.
