No se emitieron denuncias tras los enfrentamientos suscitados en El Álamo y Valle Escondido, pese al reclamo de pobladores luego de un operativo federal, según declaró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa.
“Nosotros abrimos una investigación de oficio. Entendimos en los primeros días, bueno, y lo seguimos entendiendo, que esto inhibe la gravedad del asunto a familiares para presentar quejas; le enviamos a la Comisión Nacional”, dijo.
El pasado 19 de marzo, en Valle Escondido, sindicatura de Costa Rica, un operativo asignado a fuerzas federales dejó sin vida a 11 personas, entre ellas un menor de edad, tras un enfrentamiento.
Ese mismo día se libró un despliegue militar en El Álamo, en la sindicatura de El Salado —lugar de donde es originario Ismael “El Mayo” Zambada—, donde elementos de la Marina detuvieron a Mónica Zambada Niebla, hija del “Mayo”, quien posteriormente fue liberada.
Loza Ochoa recalcó que la Comisión abrió un expediente que se derivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que los hechos fueron resultado de acciones federales, pese a no tener una denuncia formal emitida por algún familiar: “Son autoridades federales, o sea, por eso en automático hay que enviarlas a la Comisión Nacional.
Y le digo que hay malas noticias porque la Comisión Nacional nos acaba de decir que toda queja que se les reenvía a ellos por haber actuado autoridad federal, pero que no esté documentada con la queja formal de una persona que va a firmar la queja con un domicilio, con un teléfono, nos la va a regresar”.
Es decir, la CEDH indicó que se regresará cualquier queja que involucre a autoridades federales si no está documentada con una queja formal, firma, domicilio y teléfono de una persona.
Esto es visto como una medida que obliga a la ciudadanía a identificarse plenamente para que el proceso proceda, lo cual resulta difícil en casos violentos.
Ante la falta de denuncias ciudadanas directas, la CEDH se limita a documentar los casos a través de redes sociales y medios de comunicación, especialmente en asuntos que involucran allanamientos de morada, heridos y muertes (como los 11 abatidos en Valle Escondido), para enviarlos como un adelanto a la instancia nacional.
“Es un asunto que vamos a tratar además en la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, porque no solamente a nosotros nos lo están diciendo, se lo están diciendo otras comisiones y hay situaciones en las que la familia no puede ocurrir por todo lo que podamos imaginarnos (…) no decir nada, no documentarlo, creo que sería por parte nuestra una cosa grave”, añadió.
Lo mismo ocurrió con el oficio sobre los 11 mineros de Concordia; al no presentarse una queja directa por un familiar, el caso no procedió. En lo que va del año, se han enviado más de media docena de investigaciones en estas condiciones.
