A pesar de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que podría representar un retroceso en el acceso a la información, los nuevos mecanismos deben garantizar los estándares que establece el Acuerdo de Escazú en materia de información ambiental, advirtió Olimpia Castillo, impulsora del tratado en México.
La bióloga manifestó que, si algo distinguió a México durante el proceso del Acuerdo de Escazú, fue contar con un órgano garante del acceso a la información.
Castillo opinó que la eliminación del INAI representa un retroceso en el acceso a la información.
Explicó que el tratado del Acuerdo de Escazú establece que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información relacionada con el medio ambiente. Las autoridades deben responder las solicitudes sin exigir que se justifique el motivo y aplicando el principio de máxima publicidad.
Castillo expuso algunos artículos del acuerdo que garantizan el acceso a la información ambiental, como el artículo 5, que establece que la información debe entregarse de manera oportuna y accesible, además de brindar apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas.
Mencionó el artículo 6, que va más allá de responder solicitudes y establece que las autoridades deben generar, recopilar y difundir información ambiental de forma activa.
Esto incluye datos sobre el estado del medio ambiente, riesgos ambientales, uso de recursos naturales, normas, políticas, estudios y reportes oficiales, para que la ciudadanía pueda conocerlos y participar en decisiones que puedan afectar al entorno.
Castillo expresó que, aunque se ha señalado que otras secretarías asumirán estas funciones, las dependencias gubernamentales no pueden ser juez y parte.
“Necesitamos entonces, ante esta nueva organización, que se cumplan estos estándares que señala el Acuerdo de Escazú, es decir, respetar los principios de máxima publicidad, garantizar que la información esté actualizada y disponible en medios y espacios apropiados para que la gente pueda acceder a ella”, manifestó.
Castillo señaló que, si los legisladores incluyen el cumplimiento de los estándares del Acuerdo de Escazú en la nueva legislación, esto podría representar un avance para el país.
También mencionó que se debe capacitar a la ciudadanía para que pueda acceder a la información pública.
Indicó que los nuevos mecanismos de acceso a la información deben mantener principios como la máxima publicidad, la actualización de los datos, la respuesta oportuna a las solicitudes y la accesibilidad para toda la ciudadanía.
“Que no solamente se atiendan las solicitudes de acceso a la información conforme se van refiriendo, que se cumplan los lineamientos de tiempos y de formatos apropiados en medios disponibles para que toda la ciudadanía pueda acceder”, expuso.
