El gobierno de Estados Unidos condicionó la entrega de ayuda a México a que cumpla con sus adeudos de agua establecidos en el Tratado de 1944 y a que refuerce su cooperación en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
De acuerdo con medios nacionales, el Congreso de Estados Unidos condicionó en la Ley de Asignaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados 2026, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el martes, condiciona la asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno de México al cumplimiento de compromisos de entrega de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944.
El documento incluye una cláusula en la sección de Asistencia para América Latina y el Caribe que impacta directamente los recursos destinados a proyectos en México.
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De acuerdo con la legislación, ningún fondo asignado podrá destinarse al gobierno mexicano hasta que el secretario de Estado, Marco Rubio, certifique ante las comisiones de Asignaciones del Congreso que México está suministrando el agua que adeuda a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Tratado relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Río Grande, firmado en 1944.
En el apartado de antinarcóticos, señala que 30 por ciento de los fondos asignados a México para seguridad (Título IV) solo podrá ejercerse después de que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que, en los 12 meses previos, el Gobierno de México tomó medidas para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre ambos países, desmantelar y fincar responsabilidades a organizaciones criminales transnacionales, respaldar operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia con autoridades estadounidenses, respetar las solicitudes de extradición de personas reclamadas por Estados Unidos y fortalecer el compromiso en la materia tanto a nivel federal como estatal.
El pasado 3 de febrero, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron un “plan técnico” para gestionar el agua de la cuenca del río Bravo en un contexto de sequía extrema y en el marco del Tratado de Aguas de 1944, que establece la distribución de recursos hídricos entre ambas naciones.
El gobierno de México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países.
