En Ruiz Cortines, Guasave, los trabajadores del campo se enfrentan a un ambiente violento y a pésimas condiciones de vivienda, salud y educación
Al entrar a la cuartería ubicada en la calle Emiliano García, en la sindicatura de Ruíz Cortines, Don Chuy permanece sentado en una silla mecedora. A pesar de sus más de 80 años de edad, sigue laborando en los campos del valle de Guasave.
Cuenta que esta temporada algunos jornaleros decidieron no venir a Sinaloa, tanto por la crisis de violencia que atraviesa el estado, como por la precariedad del trabajo, ya que consideran que los 8 pesos que les pagan por cubeta, resultan insuficientes para cubrir el coste de la renta.
“Unos sí vinieron y otros no han llegado porque ya se dieron cuenta de que no hay mucho trabajo; luego la violencia también nos pone a pensar dos veces”, indicó.
Cada año don Chuy inicia su migración desde Oaxaca hasta Cortines, donde paga 100 pesos a la semana por un cuarto improvisado en un solar baldío con bolsas de plástico negras, telas viejas, cartón y láminas deterioradas, estos materiales son la única barrera que él y al menos 12 personas más, tienen para afrontar las condiciones climáticas de la temporada invernal.
Los espacios que no deberían de existir y los que no existen
En su primer recorrido por las cuarterías de la zona norte de Sinaloa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, afirmó que las cuarterías como las que habita don Chuy no deberían existir.
“Un lugar donde el material del pequeño cuarto es de hule y de cartón, complementada con eso, donde hay que dormir en el suelo, no precisamente en un buen lugar, donde, pues es una hornilla también en el suelo, donde no hay luz; yo digo esas no debieran de existir, allí urge la mano del DIF para crear otras condiciones”, aseguró.
El defensor de derechos humanos consideró que la situación que enfrentan comunidades agrícolas que cuentan con alta presencia de población migrante en Sinaloa, donde persisten rezagos en educación, jornadas laborales inconstitucionales, problemas de salud pública y un crecimiento poblacional sin planeación, puede derivar en crisis sociales de alto impacto.
“Hay tres renglones que llaman fuertemente la atención: la educación, la salud y el horario de trabajo, ¿cómo es posible que no estén en la escuela? Cada día que se pierde es un día que se pospone la igualdad de oportunidades en este país”, subrayó.
Loza Ochoa criticó que, pese a que las autoridades conocen con anticipación los periodos de llegada de la población jornalera, los centros educativos no están abiertos a tiempo.
“Ningún niño debe estar sin asistir a las aulas ni un solo día. Si la temporada comienza en noviembre o diciembre, para cuando lleguen los primeros ya deberían estar abiertos todos los centros educativos, así sin más”, sentenció.
El Ombudsman también resaltó, que en uno de los albergues visitados el 18 de diciembre, conocido como “la cuartería de los niños”, se identificaron a 10 menores de edad; tres de ellos aún no se encuentran en edad escolar, pero los siete restantes, no están inscritos en ninguna institución, sino que se quedan a cuidar de los menores cuando los adultos salen a trabajar al campo.
La violencia merma la llegada de jornaleros
En otro punto de la sindicatura, Rosario, originario de San José de Gracia, Choix, es uno de los 200 jornaleros beneficiados semanalmente por el comedor instalado afuera de la iglesia de la sindicatura. Mientras se forma para recibir el alimento, relata que, en su pueblo natal, muchas personas que antes bajaban a Cortines para el corte de hortalizas, este año no lo hicieron, debido a que la violencia desatada desde septiembre del 2024, también ha afectado a su comunidad.
“Tenemos fe nosotros. Mucha gente se fue pa’ atrás, se quedó en sus casas a comer con raíces y todo eso, por la violencia, porque tenemos miedo”, expresó.
Rosario agregó que, para él es mejor emprender el éxodo a quedarse en su comunidad, ya que en el último año se ha convertido en una clase de pueblo fantasma por el abandono de residencias pertenecientes a personas que estaban involucradas en el crimen organizado.
“Pa’ allá hay muchas casas, residencias y todas abandonadas, pero puro de los malditos huyeron, y uno que es bueno pues no tiene porqué”, mencionó.
Óscar Loza Ochoa reconoció que la población flotante ha sido víctima de ataques de células criminales; principalmente en la zona sur del estado y en comunidades como Villa Juárez, donde alrededor de 50 jornaleros agrícolas han sufrido “levantones” y heridas con armas de fuego.
“La gente que se desenvuelve en el entorno de Villa Juárez, que tiene que ir a centros de trabajo, han sido molestados… hubo un camión que llevaba como 40 personas más o menos. Y los otros son de grupos más pequeños, algunos que se trasladan en carritos y eso a los centros de trabajo. La cifra total ascendería a más de 50”, indicó.
Pese a declaraciones como las de Rosario, Claudia Leyva Medina, directora de Salud Municipal de Guasave, afirmó que desconoce porqué alrededor de cinco galerones en la zona de Cortines se mantienen vacíos.
Reconoció que en lo que va del ciclo agrícola 2025-2026, se ha registrado una menor afluencia de jornaleros en la región.
“En cuanto a los registros hay muchas cuarterías solas, entonces desconozco las causas del porqué no están habitadas”, declaró.
Según cifras de la CAADES, en el actual ciclo agrícola, ha llegado alrededor del 50 por ciento de las 160 mil personas, que arriban anualmente al estado.
Artículo publicado el 21 de diciembre de 2025 en la edición 1195 del semanario Ríodoce.
