El Observatorio Ciudadano de Mazatlán exige que la ciudadanía tenga acceso al expediente completo sobre la deuda del Gran Acuario y la justificación del Ayuntamiento para condonarle 25 millones de pesos.
En sesión extraordinaria número 25, el Cabildo municipal aprobó por mayoría condonar los intereses que generó la deuda del Gran Acuario de Mazatlán durante 20 meses que dejó de pagar al Municipio por la renta por el espacio del viejo acuario.
El adeudo actual equivale a 47 millones 788 mil 890 pesos y los intereses condonados corresponden a 24 millones 150 mil pesos, más del 50 por ciento de lo que se debe.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento, cuyo documento está en poder de Observatorio Ciudadano, en la cláusula sexta establece que el Gran Acuario deberá pagar un interés moratorio sobre las rentas adeudadas desde el día siguiente en que debió pagarlas y hasta la fecha en que sean liquidadas en su totalidad a razón del 5 por ciento mensual.
En ese contexto, se exige al Gobierno de Mazatlán lo siguiente:
1. Al tratarse de un tema de alto interés público, que ponga a disposición de la ciudadanía el expediente completo que corresponde al Gran Acuario para conocer de manera abierta el contrato de arrendamiento firmado con la empresa Drakkar Aquariums, S.A.P.l. de C.V., como arrendatario, así como un convenio modificatorio firmado el 22 de agosto de 2023 y el y último adendum aprobado por Cabildo sobre las condiciones de pago de la deuda.
2. Que esté a consulta pública la justificación de la autoridad municipal donde fundamente la propuesta de condonar los intereses, así como los argumentos del Gran Acuario que lo llevaron a evadir el pago durante 20 meses (febrero 2024-septiembre 2025)
3. Que sea público de manera inmediata el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda el pasado 17 de diciembre en la sesión extraordinaria de Cabildo para la condonación, ya que su contenido se omitió totalmente durante la sesión, pese a que es información pública. Exigimos que se abra a la ciudadanía, porque la información es nuestra, no de las autoridades.
Como organización consideramos que esta práctica representa un control de información, un acuerdo en “lo oscuro” y una barrera implícita que restringe la participación de la sociedad civil en asuntos públicos; además atenta contra el Artículo 6to constitucional que establece que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
