Ciudadanos presentaron ante el Congreso del Estado un par de propuestas para contar un órgano garante con autonomía técnica en materia de transparencia y protección de datos personales, ante el plan del Ejecutivo Estatal de extinguir la CEAIP.

Ambas propuestas fueron leídas este martes ante el Pleno del Congreso del Estado y turnadas para su estudio y análisis ante la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En una de las propuestas presentadas por representantes de Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el Centro Empresarial de Sinaloa y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, entre otros ciudadanos, exhortaron a realizar una reforma de fondo para garantizar a la población el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En su iniciativa plantearon que la reforma constitucional federal existe vacíos normativos, operativos e institucionales que limitan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

En lugar de transferir a los sujetos obligados la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, proponen en su iniciativa la existencia de un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado.

Plantean que la CEAIP sea un organismo con plena autonomía técnica de gestión con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Propusieron que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos autónomos y los municipios cuentan con una autoridad garante descentralizada. Adicionalmente la existencia de la constitución de un Sistema Estatal de Transparencia que sirva como instancia de coordinación entre las autoridades garantes del Estado; y el funcionamiento de un Sistema Estatal de Transparencia; y un órgano consultivo, como una instancia de participación ciudadana.

La otra iniciativa fue firmada por miembros de la organización civil Grupo Unido para la Atención e Investigación del Ambiente y Centros Urbanos de México, coincide en proponer la existencia de un órgano garante, descentralizado de la contraloría del Ejecutivo Estatal, que conocería de los asuntos de transparencia de los municipios y los órganos autónomos.

Dicho organismo garante funcionaría mediante un trabajo colegiado por parte de consejeras que serían designadas mediante una convocatoria pública, abierta y competitiva.