En el marco del conversatorio ciudadano denominado “El futuro del agua en Sinaloa: ¿Hacía dónde y cómo?”, especialistas en economía, administración del recurso hídrico e investigadores, coincidieron en que la entidad enfrenta un escenario crítico, que carece de sustento técnico, rezagos en infraestructura y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que despertó la incertidumbre del sector productivo.

Cristina Ibarra llama a medir la huella hídrica

En su intervención, Cristina Ibarra, economista especializada en análisis de datos y presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, denunció que en México se diseñan políticas públicas sobre el agua sin contar con información básica y actualizada.

Subrayó que la huella hídrica del país, es decir, el volumen total de agua requerido para producir bienes y servicios, no se mide desde el 2006, lo que da pie a que las decisiones se tomen a ciegas.

“¿Cuál es nuestra huella hídrica al tomar un café, usar una botella o consumir azúcar? No lo sabemos. Y sin esa información estamos tomando decisiones incompletas o equivocadas”, dijo.

Ibarra afirmó que reducir el problema del agua únicamente a la agricultura es un error, pues sectores como el industrial y el de alimentos procesados también demandan grandes cantidades de recursos hídricos, y manifestó que México importa agua a través de productos alimentarios cuya fabricación requiere enormes volúmenes del recurso.

“Hay importantes sectores por favor que han crecido en los últimos años y eso también implica que les estamos importando agua a través de los alimentos”, subrayó.

La investigadora presentó además resultados de un estudio realizado con módulos de riego de Culiacán, donde detectaron incrementos significativos en los costos de operación, que en algunos casos superaron los 2 mil pesos por hectárea, baja disponibilidad de agua propia, lo que obliga a módulos como La Palma a comprar volúmenes a otros organismos.

Asimismo, se encontró que las concesiones existentes son insuficientes frente al número real de productores atendidos, lo que distorsiona la asignación del recurso.

También advirtió que la inversión pública en infraestructura hídrica ha caído, lo que afecta directamente la eficiencia operativa de los organismos.

“No se trata de culpar a un sector, sino de evaluar con datos reales qué requiere cada módulo, cada municipio y cada distrito”, enfatizó.

Retos del uso del agua

El investigador de la UAS, Francisco Páez, presentó un diagnóstico, el cual revela que solo una parte del agua producida se factura efectivamente; según Páez, dicha información se obtuvo a partir de datos de Conagua.

Durante su participación, resaltó que de 98 millones de metros cúbicos de agua producida, solo 67 millones fueron facturados.

Páez agregó que existen más de 4,500 viviendas que no pagan agua en Culiacán, lo que representa pérdidas estimadas en más de 600 millones de pesos, y a esto se le suma la diferencia entre los volúmenes que se reportan como usados y lo que realmente llega a los recibos.

“Tenemos más de treinta millones de metros cúbicos que se pierden entre fugas, consumos no medidos y conexiones irregulares”, señaló.

También advirtió que la ciudad pierde cada año 375 mil metros cúbicos que podrían aprovecharse para uso agrícola o recarga de acuíferos, por lo que insistió en la urgencia de modernizar la red de distribución, profesionalizar la operación técnica y asumir que la gestión del agua en las ciudades debe abordarse como un sistema integral y no solo como un problema de cobro.

Aclaración sobre la Ley de Aguas Nacionales

Durante su exposición sobre los cambios aprobados en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, Mario Martínez, representante de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), aclaró que Sinaloa no enfrentará afectaciones de fondo con la nueva normatividad, ya que se gestionaron modificaciones impulsadas por productores, módulos de riego y organismos agrícolas del estado.

Martínez explicó que, desde el momento en que el proyecto legislativo fue propuesto, los usuarios de riego de Sinaloa, trabajaron con ANUR para que la voz del sector fuera incluida. El resultado, según informó, fue la incorporación de 53 cambios a la propuesta original, lo que permitió “blindar” los elementos esenciales para el funcionamiento agrícola en la entidad.

“De todo el país, Sinaloa es de los estados menos afectados. El 95% de lo que necesitábamos que se respetara, se respetó. El agua sigue siendo del concesionario de la tierra, y los procesos administrativos serán más claros y ágiles”, aseguró.

El funcionario de ANUR mencionó que uno de los temas que generaba mayor inquietud en la reforma, era el artículo 49, el cual originalmente separaba los derechos de tierra y agua al momento de una compraventa; sin embargo, tras múltiples reuniones de negociación, se logró conservar el modelo tradicional, que establece que, cuando una parcela cambia de dueño, los derechos de agua se transfieren junto con la tierra, siempre y cuando se realice el trámite de cambio de titular.

Martínez reiteró que otro punto que da tranquilidad es la confirmación de que los usos agrícola y pecuario continúan vinculados y sin restricciones adicionales.

“La concesión del agua que tenga cualquier usuario sigue siendo de la tierra”, precisó.

Además, subrayó además que los distritos de riego 010 y 075, localizados en Sinaloa, fueron incluidos en los programas federales de tecnificación, lo cual traerá inversiones adicionales.

En el conversatorio también participó Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Marco Díaz; Guillermo Gastélum, presidente de Fábricas de Agua Centro Sinaloa (FACES), Ezequiel Hernández y Ricardo Morales.