Ahome, Estatal, Impreso

Capital internacional amenaza la vida y cultura tradicional

El árbitro gubernamental ya decidió, el capital sobre la vida humana

Mientras el gobierno de Sinaloa y el municipal de Ahome presumen que Mexinol va sobre aguas tranquilas, y que hasta ya firmaron un convenio de construcción, la comunidad mayo-yoreme de Ohuira, en donde se asentará la industria guarda sus reservas y se prepara para el combate de los permisos oficiales, mientras que un investigador social asegura que el tema está tan desgastado que lo hace realmente peligroso para la estabilidad ambiental, pero sobre todo, para la sobrevivencia de los pueblos originarios y toda su cultura.

El especialista Luis García señaló que la industria petroquímica por la que se apuesta para asentarse en Topolobampo y comenzar su despegue industrial, oculta algo relevante porque todos los involucrados manifiestan distorsión de bondades y perjuicios ambientales y sociales de cada proyecto.

“Cuando hay confusión en los proyectos y se tiene un árbitro a modo, el capital se impone sobre la permanencia humana, hasta que los efectos ambientales se manifiestan en los ecosistemas, pero para entonces, mitigarlos resulta demasiado tarde, perdiendo los pueblos originarios”, dijo.

El pasado 30 de junio, el gobierno de Rubén Rocha Moya publicitó que Mexinol iniciaría la construcción de su nave en Topolobampo, alardeando que ya se firmaron los contratos para ello.

El comunicado establecía que el gobernador manifestó: “Sinaloa está listo para convertirse en un actor relevante en la nueva industria verde global. Esta alianza que hoy se consolida entre Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y México —con epicentro en Sinaloa— es una señal clara de que cuando se trabaja con visión, responsabilidad y cooperación, las alianzas estratégicas siempre dan como resultado prosperidad y desarrollo”.

Y reiteró que el gobierno del Estado acompañará con responsabilidad y compromiso cada etapa del desarrollo, garantizando certeza jurídica, estabilidad laboral y colaboración plena con todos los actores involucrados…

Pero párrafos adelante, el propio comunicado se desmentía pues no se trataba de la construcción, sino de la firma de contratos para iniciar la planeación y desarrollo de las plantas. Y así lo decían … Como parte de estos acuerdos, Transition Industries LLC firmó los contratos con las empresas Samsung Engineering Co., Ltd., de la República de Corea, y Techint S.A., firma italo-argentina con operación en México, quienes estarán a cargo del diseño y construcción de la planta.

También se firmó el contrato con el grupo italiano Maire, por un monto de 250 millones de euros, para la transferencia de tecnología y patente que permitirá operar el proceso de producción de metanol verde bajo estándares internacionales.

En la presentación de Rommel Gallo, director general de Transition Industries, se aseguró que Mexinol invertirá 3 mil 300 millones de dólares y que para 2029 estará produciendo 350 mil toneladas métricas de metanol verde y 1.8 millones de metanol azul en una fábrica con emisiones ultrabajas de carbono al ambiente. La planta se construirá en un polígono ubicado a 10 kilómetros de Topolobampo y a 24 kilómetros de Los Mochis. En la construcción trabajarán 6 mil obreros y 450 en la operación.

De la derrama con proveedores, la planta comprará insumos por 175 millones de dólares anuales a la Comisión Federal de Electricidad y 20 millones de pesos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome para la utilización de 12 millones de toneladas de agua residual, y además generará cuotas diversas a la administración del puerto e impuestos nacionales y estatales. No pagará nada al municipio de Ahome.

La empresa, asegura en la presentación del proyecto, no impactará la bahía de Ohuira ni al sitio Ramsar ni molestará a las comunidades adyacentes, ni tampoco emitirá emisiones de carbono al medio ambiente puesto que no utilizará calentadores de gas sino eléctricos y recapturará las emisiones de gas de efecto invernadero para producir hidrógeno verde.

Dentro de su compromiso social, contratará a mujeres y a indígenas de las comunidades de los alrededores.

Claudia Susana Quintero Sandoval, lideresa de la comunidad mayo-yoreme de Ohuira y fundadora del colectivo ¡Aquí No!, restó importancia a la firma de los contratos pues es un ardid publicitario que todos los gobiernos y empresarios han seguido desde Mario López Valdez hasta la actualidad.

“Así lo han dicho y reiterado muchas veces. Que estas empresas son una maravilla de desarrollo, de socialmente responsables, ecológicas y demás”, dijo.

Para ella, aguardar es la mejor táctica de enfrentar a los gigantes de la petroquímica.

“Sabemos que tienen una Manifestación de Impacto Condicionada y que no han realizado ninguna consulta, ni indígena ni urbana. La urbana la tendrán a su favor porque hay un sector de la población que no se quiere informar de los riesgos que ésta representa, pero los indígenas tienen otra conciencia de su entorno, más conservacionista. Ahí está el detalle, pues ahora, por nueva regulación, Paredones y Campo Estrada son parte de Ohuira, y en estos, la negativa a dar el consentimiento es mayoría”, añadió.

“Nosotros continuaremos resistiendo porque nos llevan a una zona de destrucción y muerte. Defenderemos nuestro territorio y nuestro derecho a tener una vida sana”.

El gobierno seguirá con lo suyo, la empresa con lo propio y nosotros con lo nuestro, va para largo igual que GPO, estimó.

Para el investigador Luis García Valenzuela, doctor en administración de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quien realizó una investigación sobre el resultado de las consultas indígenas en los megaproyectos petroquímicos, el arribo de capital extranjero a la región y los acuerdos comerciales internacionales son una amenaza para los nativos más cuando el árbitro gubernamental está de su lado, en este caso, como los gobernantes.

Añadió que las grandes empresas intentan aplastar a los pueblos originarios y tienden a desacatar las normas y a minimizar el resultado de las consultas indígenas porque estas no son vinculantes como tampoco lo es el negar el consentimiento.

“Simplemente, las hacen, pero no acatan el resultado, y el gobernante se hace el desentendido de esa negativa”, dice.

Justo con ello, también existe una pretensión manifiesta desde el gobierno para minimizar a los pueblos originarios.

“Estas políticas públicas que está haciendo el Gobierno para el desarrollo social de las comunidades indígenas, la realidad es que no se ven por ningún lado, sólo anticipan el desarrollo económico, pero este es para el capital, no para los pueblos originarios, cuya cultura también está amenazada por los grandes capitales que intentarán desaparecerlas, como ha sucedido en muchos países. La industria extranjera, sea cual fuere, va por la tierra y el agua de los pueblos originarios con la asistencia o ayuda de los gobiernos locales, eso es lo que púnico que se ve”, subrayó.