El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló este domingo que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue investigado desde 2019 por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y drogas, y que Estados Unidos permitió que permaneciera libre pese a conocer la existencia de una orden de aprehensión en su contra desde enero de 2023.

Durante su participación en la conferencia del Gabinete de Seguridad, Gertz Manero detalló que la investigación se inició a raíz de una denuncia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentada en la embajada de Estados Unidos en México. Dicha denuncia lo señalaba junto a otros individuos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.

“Estaba plenamente identificado en una denuncia de 2019. Durante un año y medio solicitamos su detención en Estados Unidos, pero no obtuvimos respuesta”, afirmó el fiscal.

A pesar de la orden judicial vigente, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos con visa de turista, donde se estableció y contrajo matrimonio, sin ser detenido, situación que el fiscal calificó como una omisión grave por parte de las autoridades estadounidenses.

Además, Gertz informó que los abogados del boxeador han tramitado entre cinco y seis amparos para evitar su detención en México tras su eventual deportación, aunque todos han sido rechazados por los jueces, al considerarlos improcedentes mientras no esté físicamente en territorio mexicano.

“Lo que buscan es que, en cuanto llegue a México, no se le pueda detener. Pero los tribunales ya resolvieron que esos amparos no proceden en este momento”, indicó.

Actualmente, Julio César Chávez Jr. permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en espera del proceso de deportación hacia México, donde será puesto a disposición de las autoridades federales para enfrentar los cargos correspondientes.